URSEA determinó el precio máximo intermedio de los combustibles que rigen desde hace cuatro días

Por LA ESTACIÓN Uruguay

La actualización de los precios de los combustibles que rige desde el 1.º de febrero vuelve a poner el foco en un aspecto que el sector viene señalando desde hace tiempo: el precio del combustible llega al surtidor luego de atravesar una cadena cada vez más regulada, con márgenes definidos de antemano y escaso margen de maniobra para el operador, un escenario que trasciende gobiernos para convertirse en una constante período tras período.

Por un lado, el Poder Ejecutivo aprobó los nuevos Precios en Planta de ANCAP (PEP). Desde febrero, el litro de nafta Súper 95 sale de planta a $ 65,85, la Premium 97 a $ 68,36, el gasoil 50S a $ 37,94 y el gasoil 10S a $ 41,33. Son valores que constituyen la base sobre la que se construye toda la cadena comercial.

Por otro, la URSEA, a través de la Resolución Nº 012/2026, fijó el Precio Máximo Intermedio Transitorio (PMIT), estableciendo el techo al que las distribuidoras pueden vender los combustibles a las estaciones de servicio. Para febrero, ese límite quedó en $ 67,84 para la Súper 95, $ 70,35 para la Premium 97, $ 40,37 para el gasoil 50S y $ 43,76 para el gasoil 10S. De este modo, antes de que el producto llegue al surtidor, ya existen al menos dos precios regulados.

Margen del tramo mayorista

La resolución del regulador no es un detalle técnico menor. Al fijar el PMIT, URSEA define explícitamente el margen del tramo mayorista, dejando a la estación en el último eslabón de una cadena donde los precios ya vienen prácticamente cerrados. 

En el caso de las naftas, el diferencial entre el precio en planta y el precio máximo intermedio se ubica en torno a $ 1,99 por litro, mientras que en los gasoils supera los $ 2,40 por litro. Ese margen, establecido por resolución, no necesariamente refleja las realidades operativas de cada estación ni las asimetrías regionales del mercado.

Mensaje claro para el estacionero

Para el estacionero, el mensaje es claro: el negocio se juega cada vez menos en la gestión comercial y cada vez más en un esquema de precios regulados. El margen disponible para absorber subas de costos laborales, energéticos o financieros queda comprimido entre un precio en planta aprobado por decreto y un precio mayorista fijado por el regulador, con números que llegan prácticamente cerrados al surtidor.

A esto se suma que el precio final al público también se mantiene bajo control del Poder Ejecutivo, consolidando un sistema en el que prácticamente todos los escalones de la cadena están regulados y donde el último tramo —el de la estación— es el que menos capacidad de ajuste conserva.

Sin capacidad de maniobra

La estación queda así como el último eslabón en ajustar, sin capacidad real de trasladar costos ni de negociar precios en un mercado que, en los hechos, funciona con fuertes anclas regulatorias. La rentabilidad depende cada vez menos de la gestión y cada vez más de decisiones que se toman fuera del ámbito del operador.

El propio decreto incorpora además una rectificación en el precio del supergás envasado, vinculada a la publicación tardía de un índice de referencia internacional. 

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la dependencia del sistema de indicadores externos y metodologías que, cuando se descalzan en el tiempo, terminan impactando en los márgenes locales.

Doble candado

En este contexto, la combinación del PEP aprobado por el Poder Ejecutivo y del PMIT fijado por URSEA configura un verdadero doble candado sobre el negocio del combustible. 

Un esquema que puede aportar previsibilidad macro, pero que desde la óptica del estacionero deja una pregunta abierta: ¿cuánto espacio real queda para sostener la rentabilidad en un mercado donde casi todos los precios ya vienen definidos antes de encender el surtidor?