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El gasoil, por su volumen y su uso intensivo en transporte y logística, se transformó en el cajero automático del sistema
Por LA ESTACIÓN Uruguay
Durante 2025, el precio de los combustibles en Uruguay dejó de ser solamente una cuestión técnica asociada al petróleo internacional para transformarse, de hecho, en una herramienta de financiamiento de políticas públicas.
Cruzando horizontalmente cada período de gobierno, sin importar su signo, detrás de cada litro de nafta y, sobre todo, de gasoil, se consolidó un sistema de subsidios cruzados que impacta de lleno en consumidores, empresas y estaciones de servicio.
El mecanismo es sencillo en su formulación, fijar los precios por encima del Precio de Paridad de Importación (PPI) para generar una recaudación indirecta destinada a cubrir el déficit del supergás y parte del transporte colectivo.
En 2025 según el CEPP el subsidio al gas oil en Uruguay por el sobreprecio fue de 50 millones de dólares, mientras que para las gasolinas el recargo se situó en poco menos de 40 millones de la moneda estadounidense.
El “factor invisible” en el surtidor
Desde el primer semestre de 2025, el Poder Ejecutivo incorporó en la estructura de precios un ajuste fijo por litro —del orden de $ 1,2 a $ 1,5— tanto en naftas como en gasoil. Ese monto no responde a costos logísticos ni a variaciones del crudo, sino a la decisión fiscal–política del Poder Ejecutivo (MEF y MIEM) de hacer frente a estos subsidios cruzados.
Según fuentes extra gobierno entre marzo y diciembre los uruguayos pagamos cerca de US$ 88 millones adicionales por combustibles respecto a lo que habría correspondido si se aplicaba estrictamente el PPI cifra que fue rebatida por el Poder Ejecutivo, que marcó un sobreprecio anual de unos 30 millones menos.
A su tiempo, el gasoil, por su volumen y su uso intensivo en transporte y logística, se transformó en el cajero automático del sistema.
El supergás: el subsidio más caro
El principal destino político de ese sobreprecio fue el supergás envasado.
Mantener artificialmente bajo el precio de la garrafa —clave para millones de hogares— tuvo en 2025 un costo estimado de entre US$ 44 y US$ 52 millones, según cifras oficiales y extraoficiales.
En los hechos, los usuarios de nafta y gasoil financian, indirectamente, la garrafa subsidiada. No existe una transferencia visible en el ticket que se abona en la estación, ni una línea que lo aclare. Estos impuestos forman parte del precio del combustible.
El otro beneficiario: el transporte urbano
Pero el supergás no fue el único destinatario. Una porción relevante del sobrecosto del gasoil se canalizó al Fideicomiso del Transporte, mecanismo que permite subsidiar el gasoil que consumen las empresas de ómnibus urbanos y suburbanos, y sostener el precio del boleto.
Las estimaciones indican que en 2025 este fondo recibió del orden de US$ 60 a 70 millones, originados directa o indirectamente en los cargos incluidos este combustible líquido.
La letra fría de la canción, muestra que cada camión que se abastece, cada productor rural que carga sus máquinas para cosechar, cada estación que vende gasoil, está aportando al equilibrio financiero del transporte metropolitano.
¿Cuánto pesa esto en el precio final?
Esa es la pregunta que muchos se hacen. A fines de 2025, el gasoil se vendía en torno a $ 48–49 por litro.
De ese valor, cerca del 42% son impuestos y cargos, una fracción corresponde al subsidio energético y al transporte, y otra a la estructura tradicional de ANCAP y distribución.
Para una empresa de transporte de carga o un productor agropecuario, esto significa miles de dólares anuales adicionales en costos. Para las estaciones, mayor fricción con el cliente y menor margen real de maniobra frente a precios que no controlan.
Estabilidad vs. transparencia
A su tiempo, los gobiernos defienden este esquema como una forma de evitar subas bruscas, proteger a los hogares más vulnerables y sostener el sistema de transporte, mientras que quienes critican este sistema responden que se distorsiona el PPI, se encarece artificialmente la economía real y y se utiliza el combustible como un “impuesto encubierto” sin debate presupuestal explícito.
Vale decir que el sistema uruguayo logró sostener la garrafa y el boleto, pero lo hizo trasladando el costo a: automovilistas, transportistas, productores, comercios, y por extensión, a toda la cadena de precios del país.
Los tótems de las estaciones tienen la respuesta
La discusión que se abre para 2026 no es técnica, sino política: ¿el gobierno debe financiar la política social energética con impuestos explícitos o seguir cargándola, silenciosamente, en cada litro que sale del surtidor?.
Desde UNVENU, quien fuera presidente varios años y actual Secretario General de CLAEC, fue enfático al asegurar que él veía bien subsidiar a quienes menos tienen, pero para ello el gobierno debería buscar otra vía de financiamiento, ya que los consumidores de combustible no tiene porqué pagar este subsidio.
Por el momento la respuesta ya está escrita en los tótems de precios de todas las estaciones del país.
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