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Pedido de informes en el Parlamento pone bajo la lupa las prospecciones sísmicas en el mar uruguayo
Por LA ESTACIÓN Uruguay
Como en la célebre saga de aventuras protagonizada por Harrison Ford, donde el arqueólogo Indiana Jones recorría el mundo tras reliquias ocultas, Uruguay vuelve a mirar hacia un territorio poco explorado en busca de un tesoro que aún no ha sido encontrado: el petróleo.
Pero en este caso la expedición no se desarrolla en templos antiguos ni en selvas remotas, sino en el fondo del Atlántico, sobre una vasta extensión de la plataforma marítima nacional donde estudios sísmicos intentan descifrar si bajo el lecho marino se esconde finalmente el hidrocarburo que el país ha buscado durante décadas.
¿Aventura científica?
La escena actual tiene algo de aventura científica. Cuatro empresas internacionales operan hoy en aguas jurisdiccionales uruguayas realizando prospecciones sísmicas sobre más de 59.000 kilómetros cuadrados de océano. El objetivo es reconstruir, mediante ondas acústicas y sofisticados análisis geofísicos, el mapa geológico que podría revelar la presencia de petróleo o gas natural.
Sin embargo, como en toda buena historia de exploración, el camino no está exento de interrogantes. Las autorizaciones ambientales, el impacto sobre la fauna marina y la compatibilidad de estos proyectos con los compromisos climáticos del país han abierto un debate político que ya llegó al Parlamento.
Pedido de informes
El diputado por Salto, Horacio de Brum, presentó un pedido de informes ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay cuestionando las garantías ambientales vinculadas a las autorizaciones otorgadas para realizar prospecciones sísmicas en aguas jurisdiccionales del país.
Según supo LA ESTACIÓN Uruguay el pedido de informes del legislador al la cartera de Medioambiente, tiene que ver con las actividades de exploración que se desarrollan actualmente en una superficie que supera los 59.000 kilómetros cuadrados de la plataforma marítima uruguaya, donde operan cuatro empresas internacionales dedicadas a estudios geofísicos para la eventual exploración de hidrocarburos.
Para De Brum, el proceso requiere mayor claridad científica y transparencia institucional para asegurar la preservación del ecosistema marino.
Un cuestionario de 29 preguntas
El pedido de informes presentado ante el Ministerio de Ambiente incluye 29 preguntas, centradas en distintos aspectos del control estatal y la evaluación de impacto ambiental de estas operaciones.
El legislador busca conocer con mayor precisión los criterios utilizados por las autoridades para autorizar las prospecciones y las garantías que existen para proteger la biodiversidad marina y la sostenibilidad de la actividad pesquera.
Entre los puntos más relevantes del cuestionario se encuentra la independencia científica de los estudios utilizados para evaluar el impacto acústico que generan las exploraciones sísmicas, particularmente sobre cetáceos como ballenas y delfines, así como sobre otras especies marinas.
Efecto acumulativo en sospecha
El legislador también cuestiona si el Ministerio ha considerado el efecto acumulativo que podría producir la presencia simultánea de varios proyectos de prospección en la plataforma marítima, una situación que —según advierte— podría amplificar eventuales impactos ambientales.
Otro de los aspectos señalados refiere a los mecanismos de fiscalización y monitoreo de estas actividades. El pedido de informes busca determinar si existen observadores independientes en las operaciones y qué protocolos de seguimiento se aplican durante los trabajos en el mar.
Asimismo, De Brum solicitó que los informes de impacto ambiental y los reportes de monitoreo vinculados a estos proyectos sean de acceso público para garantizar transparencia.
El principio de precaución
Uno de los argumentos centrales del planteo se basa en la aplicación del llamado principio de precaución, ampliamente reconocido en la normativa ambiental internacional.
Este criterio establece que, ante la ausencia de certeza científica absoluta sobre un posible daño grave al ambiente, el Estado debe priorizar la protección del recurso natural.
En otra parte del documento, recordó que la Institución Nacional de Derechos Humanos ya ha señalado la importancia de aplicar este principio en procesos que puedan afectar ecosistemas sensibles.
En ese contexto, el legislador planteó públicamente una interrogante que apunta al debate de fondo: cómo se compatibiliza la exploración de hidrocarburos en el mar con los compromisos climáticos internacionales asumidos por Uruguay.
Impacto en pesca y reputación ambiental
Para el diputado salteño, el tema no se limita al equilibrio ecológico. También podría tener consecuencias económicas para el país.
Según señaló, eventuales impactos sobre zonas de reproducción y migración de especies marinas podrían afectar la actividad pesquera, además de poner en cuestión la reputación internacional de Uruguay en materia ambiental.
La respuesta del Ministerio de Ambiente al pedido de informes será clave para determinar el alcance de los controles aplicados a estas operaciones y el marco científico que respalda las autorizaciones otorgadas.
El debate vuelve a colocar en el centro de la agenda una cuestión estratégica para el país: cómo equilibrar el potencial energético de la plataforma marítima con la preservación de uno de los ecosistemas más valiosos del territorio nacional.
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