El centrista presidente de Bolivia Rodrigo Paz, anunció el fin del subsidio a los combustibles en su país.

Por LA ESTACIÓN América

Bolivia decidió dar uno de los pasos más drásticos en materia energética de las últimas décadas en América Latina. El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció el fin del régimen de subsidios a los combustibles vigente desde hace más de 20 años, en el marco de un decreto que declaró el estado de “emergencia económica, financiera, energética y social”.

La medida marca un cambio estructural en la política energética del país y refleja una tendencia que comienza a repetirse en la región: el creciente peso fiscal de los combustibles subsidiados se volvió insostenible para varios Estados latinoamericanos.

El mandatario calificó la decisión como una “medida histórica de rescate de la patria”, destinada —según afirmó— a estabilizar la economía, ordenar las cuentas públicas y recuperar la capacidad productiva del país.

El fin del combustible barato

Durante dos décadas, Bolivia mantuvo precios prácticamente congelados en torno a US$ 0,53 por litro, uno de los valores más bajos del continente. El esquema implicaba para el Estado un costo superior a US$ 2.000 millones anuales, cifra que el nuevo gobierno consideró incompatible con la actual situación económica.

“Bolivia ya no puede operar con las reglas de los últimos 20 años”, sostuvo Paz, quien afirmó que el país debe asumir una mirada “honesta” respecto al sector de los hidrocarburos.

Con la eliminación del subsidio, los nuevos precios quedaron establecidos en:

• Gasolina Especial: US$ 1,00 por litro

• Gasolina Premium: US$ 1,58 por litro

• Diésel: US$ 1,40 por litro

El gas licuado de petróleo (GLP) destinado a uso doméstico mantendrá su precio sin cambios, en un intento de proteger el presupuesto familiar y evitar un impacto social mayor.

Compensación salarial y redes de contención

Para amortiguar el efecto inflacionario esperado tras el ajuste, el gobierno dispuso un aumento del salario mínimo nacional, que pasará de US$ 395 a US$ 474 desde el pasado 1ro. de enero de 2026, acompañado por nuevas medidas de protección social.

Paz asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2025 en medio de una economía marcada por escasez de divisas, faltantes crónicos de combustible y presión inflacionaria creciente. El mandatario responsabilizó a las administraciones anteriores por el deterioro fiscal acumulado y sostuvo que el decreto busca sanear un sistema energético que calificó como “insostenible”.

Apertura al mercado privado

Como parte del paquete de reformas, el gobierno también eliminó al diésel de la lista de sustancias controladas, habilitando su importación privada para sectores clave como el agro y el transporte.

La decisión apunta a mejorar el abastecimiento interno y reducir las recurrentes crisis logísticas que afectaban la actividad económica.

Una señal regional

Más allá del caso boliviano, la medida vuelve a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a toda América Latina: quién debe absorber el verdadero costo de la energía.

Durante años, los subsidios permitieron contener precios al consumidor, pero a costa de crecientes desequilibrios fiscales. Hoy, con cuentas públicas tensionadas y mercados energéticos más volátiles, varios gobiernos comienzan a revisar ese modelo.

El giro boliviano confirma una tendencia incipiente: el fin del combustible artificialmente barato en la región.

Para los mercados energéticos del Cono Sur —incluido Uruguay— el movimiento funciona como una señal clara de época. La discusión ya no gira únicamente en torno al precio del petróleo, sino sobre la sostenibilidad económica de toda la cadena energética.