Según el Centro Comercial e Industrial de Salto ese nivel de rebaja ya no garantiza la paridad efectiva con los precios de los países vecinos

Por LA ESTACIÓN Uruguay

Conocidas las diferencias entre los números del gobierno y los divulgados por el CEPP, el diputado sanducero Fermín Farinha presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas un pedido de informes que puso en el centro del debate un tema tan sensible como estructural para Uruguay: el uso del precio de los combustibles como herramienta de financiamiento fiscal.

El pedido de informes de Farinha agrega un elemento adicional al debate  por las pérdidas en 2025: la reducción del descuento del IMESI en zonas de frontera, del 33% al 28%, dispuesta por la DGI a fines de diciembre.

Sin garantías

Informes técnicos del Centro Comercial e Industrial de Salto indican que ese nivel de rebaja ya no garantiza la paridad efectiva con los precios de los países vecinos, incumpliendo el objetivo central del régimen fronterizo.

El legislador fue explícito en ese pedido: el porcentaje actualmente aplicado resulta insuficiente para neutralizar las asimetrías regionales, afecta la competitividad del litoral y golpea directamente a quienes dependen del combustible para producir, transportar o simplemente trabajar. A esto se suma, además, que la rebaja se produjo sin que se activaran otras herramientas compensatorias previstas en la normativa vigente.

¿Surtidor ventanilla de recaudación?

Detrás de la discusión metodológica aparece un dato estructural: en Uruguay el precio final del combustible está cada vez menos explicado por el combustible en sí. Hoy, en el gasoil, el 42% del Precio de Venta al Público corresponde a impuestos y costos de distribución; en la gasolina, ese peso asciende al 61%. El surtidor se transformó, de hecho, en una ventanilla de recaudación diaria.

Por eso el pedido de informes no es una formalidad administrativa. Farinha solicita conocer los fundamentos técnicos de la rebaja del IMESI y su impacto real sobre la paridad de precios en frontera.