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Ediles del Frente Amplio de Fray Bentos, defienden política de fijación de precio del combustible y justifican ajuste a la baja de descuento de IMESI en frontera
Fotografía de la nota Junta Departamental de Río Negro (gentileza Diario Digital de Young)
Por LA ESTACIÓN Uruguay
El debate por las tarifas públicas y el precio de los combustibles volvió a ganar espacio en la agenda política a partir de un comunicado difundido por la bancada de ediles del Frente Amplio de Fray Bentos, en el que se respalda la política del gobierno nacional y se cuestionan las críticas de la oposición.
El documento comienza señalando que, ante los cuestionamientos a las medidas oficiales, la bancada considera “imprescindible aportar claridad y contexto”, recordando que la actual administración asumió con “un déficit fiscal heredado de entre 4,1% y 4,6% del PBI, muy superior al proyectado por la administración anterior”, lo que, según afirman, impone restricciones reales sin abandonar criterios de equidad y protección social.
En materia de tarifas públicas, los ediles destacan que los ajustes de UTE y ANTEL “se ubican por debajo de la inflación”, mientras que el incremento aplicado por OSE “responde principalmente a un plan de inversiones necesario para garantizar un servicio esencial”. Subrayan además que estos aumentos “distan sustancialmente de los aumentos de dos dígitos aplicados al inicio del gobierno anterior”.
Reducción de precios
El capítulo referido a los combustibles es uno de los ejes centrales del comunicado. Allí se afirma que, “salvo el supergás que mantiene su precio, se registran reducciones respecto al inicio de esta administración, contrastando con los fuertes incrementos del período anterior”.
Sobre la polémica modificación en el descuento del IMESI, los ediles sostienen que la medida “se enmarca estrictamente en lo establecido por la Ley Nº 18.083, basada en el monitoreo permanente de precios en frontera, evitando subsidios regresivos”. La frase no es menor: el comunicado busca dejar en claro que, desde su visión, el ajuste no responde a una decisión discrecional sino a un mecanismo legal preexistente.
El texto también vincula la política de combustibles con otras decisiones económicas recientes, como los cambios en la devolución del FONASA. Según la bancada, la modificación aplicada “corrige inequidades, dejando de beneficiar a quienes perciben ingresos más altos, fortaleciendo la sostenibilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud sin afectar el acceso ni la calidad de las prestaciones”.
Para ediles del FA, oposición plantea “falacias”
En el mismo sentido, se mencionan medidas complementarias como el aumento del salario mínimo nacional y los ajustes salariales y de pasividades “por encima de la inflación”, que, a juicio de los ediles, reafirman “una orientación clara hacia la recuperación del poder adquisitivo y la justicia social”.
El comunicado eleva el tono político en su tramo final. Allí se afirma que la bancada “rechaza los planteos de oposición por considerarlos viciados de medias verdades y falacias que buscan confundir, desinformar, crear alarma y malestar en la población”, ratificando su respaldo a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo y su compromiso con “una gestión responsable, solidaria, orientada al interés general y la justicia social”.
Combustibles: la pieza más sensible
Más allá del posicionamiento partidario, el texto ilustra cómo el precio de los combustibles se ha convertido en una de las piezas más sensibles del tablero económico y político.
Para el oficialismo departamental, las reducciones observadas en algunos productos y la adecuación del IMESI forman parte de una estrategia de ordenamiento fiscal y corrección de distorsiones. Para la oposición, en cambio, el tema sigue siendo uno de los principales focos de crítica al gobierno.
Como ocurre cada vez que se discute el valor en el surtidor uruguayo, la controversia excede lo técnico. Detrás de cada ajuste conviven números fiscales, marcos legales, decisiones de política energética y, sobre todo, percepciones sociales muy concretas.
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