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Por LA ESTACIÓN Uruguay
Después de los anuncios de ministro Oddone a final del año pasado y el impulso que le dio a la iniciativa desde el Poder Ejecutivo, la Cámara de Representantes dio media sanción al proyecto de ley que extiende el régimen de reducción del IMESI a las naftas hasta los 60 kilómetros de los pasos de frontera. La iniciativa amplía el actual radio de 20 kilómetros y ahora deberá ser considerada por el Senado.
La medida no es menor. Supone un cambio en la lógica territorial del beneficio fiscal, permitiendo que estaciones de servicio y consumidores ubicados fuera del cinturón inmediato de frontera accedan —aunque parcialmente— a un esquema de alivio impositivo pensado para enfrentar las asimetrías de precios con los países vecinos.
Descuento máximo: 16%
Según informó EL TELÉGRAFO, el proyecto modifica el artículo 20 del Título 11 del Texto Ordenado 2023 y faculta al Poder Ejecutivo a aplicar rebajas del impuesto en estaciones que hoy no están comprendidas en el régimen vigente. El criterio es claro: las estaciones ubicadas entre 20 y 60 kilómetros podrán recibir una reducción de hasta el 50% del beneficio aplicado dentro del radio menor. En la frontera con Argentina, donde el descuento del IMESI alcanza el 32%, el máximo para la nueva franja será del 16%.
El fundamento oficial apunta a otorgar “mayor flexibilidad territorial” al sistema, buscando mitigar los efectos económicos adversos derivados de la diferencia de precios con los países limítrofes. En términos prácticos, el combustible vuelve a ser reconocido como una variable crítica para la competitividad regional.
El caso Paysandú
En el litoral, el impacto es inmediato. Localidades sanduceras como Chapicuy y Quebracho quedarían comprendidas dentro del nuevo radio, accediendo a un beneficio parcial que hasta ahora les era negado.
El diputado sanducero Fermín Farinha subrayó que el combustible “constituye un factor determinante en la estructura de costos y en la competitividad regional”, destacando que la ampliación territorial del régimen se ajusta a la dinámica económica del litoral. Sin embargo, también fue claro en marcar límites: la extensión del IMESI ayuda, pero no resuelve el problema estructural de la región.
La clave: previsibilidad y criterios técnicos
Durante el debate parlamentario emergió otro punto central: la estabilidad del régimen. Farinha insistió en que la referencia a la paridad de importación y a informes técnicos es esencial para asegurar eficacia y previsibilidad. También cuestionó las oscilaciones recientes en la aplicación del beneficio, señalando que las variaciones fuera del marco reglamentario terminan perjudicando a los vecinos de frontera.
Este punto no es menor. La política de descuentos del IMESI ha oscilado en los últimos años según coyunturas fiscales y políticas, generando incertidumbre tanto para consumidores como para operadores del sector.
Un debate más profundo sigue abierto
La discusión de fondo, sin embargo, trasciende el impuesto. El propio Farinha recordó que continúa pendiente la implementación integral de la Ley de Frontera, especialmente en el litoral con Argentina. Sin un paquete más amplio de incentivos —comerciales, fiscales y productivos— las distorsiones estructurales seguirán afectando la actividad económica regional.
La media sanción en Diputados marca un paso en la dirección correcta, pero también confirma algo que el litoral conoce bien: el IMESI puede amortiguar la brecha, pero no la elimina.
Ahora la pelota está en el Senado. Si el proyecto se convierte en ley, el mapa del beneficio fiscal se ampliará. La incógnita será si este nuevo radio de 60 kilómetros logra algo más que comprar tiempo frente a una asimetría que, estructuralmente, sigue intacta.
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