Por LA ESTACIÓN Uruguay

El mercado de los lavaderos de vehículos en Uruguay arrastra desde hace años una distorsión que ya no admite medias tintas: mientras un grupo de empresas invierte, paga el agua, cumple normas ambientales y registra a su personal, otro segmento opera directamente en la ilegalidad, usando recursos públicos sin control y compitiendo con precios artificialmente bajos.

En las últimas semanas, OSE comenzó a intensificar los controles sobre lavaderos informales que funcionan sin autorización, sin medición de consumo y, en muchos casos, conectados de forma irregular a la red. No se trata de emprendimientos “precarios” o “emergentes”, sino de verdaderos negocios montados sobre la evasión sistemática de normas básicas.

Precios más bajos por evasión

La ilegalidad no es un detalle administrativo: es el corazón del modelo. Estos lavaderos no pagan el agua que consumen, no invierten en sistemas de recirculación, no cumplen exigencias ambientales y no asumen costos laborales formales. Así logran precios más bajos, no por eficiencia, sino por incumplimiento. La competencia, en estos términos, deja de ser desigual para convertirse en directamente fraudulenta.

Para los lavaderos automáticos establecidos legalmente —muchos de ellos integrados a estaciones de servicio— la situación es insostenible. Invierten en equipamiento, pagan tarifas, soportan inspecciones y adaptan sus procesos a un contexto de escasez hídrica que el país ya conoce demasiado bien. Sin embargo, deben competir con operadores que funcionan por fuera de todo control y que, durante años, gozaron de una tolerancia que hoy empieza a resquebrajarse.

Profesionalizar el servicio

El uso del agua es el punto más sensible. En un país que atravesó una de las peores crisis hídricas de su historia reciente, resulta inadmisible que existan actividades intensivas en consumo operando sin medición ni control. No es solo una cuestión comercial: es un problema ambiental y de equidad en el acceso a un recurso público.

Frente a ese escenario, el sector formal tomó otro camino. Apostó a profesionalizar el servicio, a invertir en tecnología, a optimizar consumos y a agregar valor. Lavaderos automáticos de última generación, sistemas de control, recirculación de agua y servicios complementarios como el aspirado profesional son hoy parte del estándar de quienes compiten en regla.

La participación de ASPIRAMAX

En ese universo se inscriben soluciones como las de ASPIRAMAX, que aportan equipamiento de aspirado robusto y eficiente, pensado para un uso intensivo y profesional. Tecnología visible, trazable y compatible con un modelo de negocio formal, muy lejos de la improvisación y el “todo vale” que caracteriza a la informalidad.

La persecución de los lavaderos ilegales por parte de OSE no debería leerse como una caza de brujas, sino como un paso imprescindible para ordenar un mercado que fue dejado a su suerte durante demasiado tiempo. Regular no es prohibir: es exigir que todos jueguen con las mismas reglas.

Mensaje claro

El mensaje debería ser claro. No puede haber desarrollo del sector, ni cuidado del agua, ni competencia real mientras la ilegalidad siga siendo un atajo rentable. Cada día que un lavadero informal opera sin control, el que pierde no es solo el operador formal, sino el sistema en su conjunto.

Al igual que sucede en el mercado de los combustibles, regulado y controlado por URSEA, establecer un mercado profesional dentro del circuito de las EE.SS. fundamentalmente, implica una decisión política y regulatoria firme: o se compite en regla, o no se compite.