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En Paysandú se detectaron unos 50 puntos de venta ilegal de nafta.
Más allá del contrabando fronterizo, la reventa de nafta desde casas de familia expone fallas de control, distorsiones impositivas y riesgos severos para la seguridad pública
Por LA ESTACIÓN URUGUAY
La venta ilegal de combustibles en Uruguay constituye un problema estructural y de larga data, particularmente visible en las ciudades de frontera, donde el trasiego entre un país y otro se ve favorecido por las asimetrías de precios y la alta circulación vehicular. Sin embargo, el fenómeno no se limita únicamente al contrabando fronterizo.
En ciudades del litoral como Paysandú y Salto, se ha constatado una modalidad diferente pero igualmente preocupante: la compra de gasolina en bidones en estaciones de servicio habilitadas, utilizando tarjetas con el beneficio del 32% de descuento del IMESI, para luego revender el combustible al menudeo, en botellas y al contado, con una leve ganancia.
Se trata de una práctica que combina informalidad, evasión fiscal y riesgos severos en materia de seguridad, al desarrollarse en casas de familia y sin ningún tipo de control.
El problema de las casas de familia
Según explicó a LA ESTACIÓN Uruguay Richard Charamelo, director de URSEA, cuando estas prácticas logran constatarse formalmente, el organismo regulador interviene, aunque reconoció las dificultades operativas que presenta este tipo de fiscalización.
“Muchas veces se hace imposible actuar en casas de familia que se dedican a este negocio, porque cuando nos presentamos en el lugar los moradores deslindan toda responsabilidad de reventa, aduciendo que los bidones son de uso propio. Otras veces —advertidos de la presencia de URSEA en la zona— trasladan el negocio de una cuadra a otra”, señaló Charamelo, lo que hace imposible la constatación ”in situ” la venta ilegal.
En Melo, más de 100 puntos de venta ilegal
Fuentes del sector de los estacioneros consultadas por LA ESTACIÓN Uruguay estiman que solo en la periferia de Paysandú operarían alrededor de 30 puntos informales de venta de gasolina. Se trata de una cifra sin registro oficial, pero coincidente con testimonios de operadores, vecinos y autoridades locales.
A su tiempo desde la ciudad de Melo, una fuente lugareña confirmó a nuestro medio, que en el “ejido” de esa ciudad existen al menos 100 puestos de venta clandestina de combustible. La fuente confirmó que estos negocios informales están a la vista de todos, con carteles que anuncian “hay nafta” o “hay gasoil”, y se estima que acumulativamente podrían estar almacenando alrededor de unos 100.000 litros de combustible ilegal en total, con un promedio de ~1.000 litros por punto.
La expansión de este circuito clandestino impacta directamente en las estaciones formales, que deben competir con operadores que no pagan impuestos, no cumplen normas de seguridad y funcionan al margen de cualquier control estatal.
Allende lo económico
El problema trasciende largamente lo económico. El fraccionamiento y almacenamiento de combustibles en envases no habilitados y en entornos residenciales representa un riesgo concreto para la seguridad pública, con potenciales consecuencias ambientales y posibles daños a vehículos por la dudosa calidad del producto comercializado.
Consultado sobre la situación, el director por la Coalición Republicana —quien ya había tomado contacto con estas prácticas durante su pasaje por ANCAP en el período anterior— calificó el escenario como “preocupante” y aseguró que el tema se encuentra dentro de las prioridades del regulador.
URSEA resolvió acciones
Para el presidente de URSEA, Andrés Cardozo, se trata de un tema altamente sensible sobre el que “ayer mismo se trató el asunto en el directorio y resolvimos por unanimidad las acciones de cómo proceder”.
El jerarca confirmó que el organismo se encuentra fiscalizando y que trabaja en la actualización del protocolo de actuación. “Como URSEA tenemos algunos desafíos; por ejemplo, cuando se define el cese de actividad no tenemos potestad para ingresar al lugar, lo que nos ha llevado a articular con otros actores”, explicó.
Cardozo reveló además que en la última sesión del directorio se analizaron casos concretos pasibles de fiscalización.
Procesos judiciales en marcha
Charamelo informó que el organismo regulador lleva adelante varios procesos judiciales, fundamentalmente vinculados a la venta de combustible mediante camiones cisterna por fuera de los circuitos autorizados. Aclaró, no obstante, que se trata de instancias en etapa de proceso, lo que naturalmente no implica culpabilidad.
“Recibimos denuncias que advierten que en determinado kilómetro de una ruta se está trasegando combustible a camiones o maquinaria. Cuando se llega al lugar se procede con las notificaciones y acciones administrativas y eventualmente judiciales, pero son procesos largos, con presentación de pruebas, defensas y argumentos”, explicó. “El problema es que, en general, cuando llegamos el camión ya se movió de lugar, lo que hace muy difícil determinar dónde está operando”, concluyó.
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