El costo de distribución pasará a las distribuidoras y podría reflejar dife

Por LA ESTACIÓN Uruguay

Cuando el Parlamento aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC) en 2020, estableció —entre otras transformaciones del sistema— que el costo del transporte de combustibles por camión cisterna debía dejar de ser absorbido por ANCAP y pasar directamente a las distribuidoras (DUCSA, AXION y DISA).

Sin embargo, la disposición nunca llegó a aplicarse. Diversos decretos, ajustes operativos, consideraciones económicas y la propia complejidad del sistema logístico fueron postergando su entrada en vigencia. Seis años después, la norma continúa vigente en la ley, pero suspendida en la práctica.

ANCAP sigue pagando el transporte

Hoy, en los hechos, nada cambió. ANCAP continúa absorbiendo el costo del traslado de combustibles desde sus plantas hacia todo el país.

Información manejada por LA ESTACIÓN Uruguay indica que el ente petrolero desembolsa por este concepto más de 30 millones de dólares anuales. De implementarse lo dispuesto por la LUC, ese monto pasaría a ser asumido por las distribuidoras e incorporado —directa o indirectamente— al precio por litro.

El flete constituye un componente estructural del sistema. Aunque muchas veces invisible, forma parte del precio final del combustible, con variaciones según volúmenes, distancias y costos logísticos.

El espíritu de la reforma

La LUC buscó transparentar el costo real del sistema, acercarlo a la paridad de importación y establecer una lógica clara: el transporte lo paga quien distribuye. Un principio simple en teoría, pero complejo en su impacto económico, territorial y político.

Desde su aprobación, la implementación fue sucesivamente diferida: primero por reglamentación, luego por ajustes operativos, más tarde por el contexto económico y finalmente por la necesidad de recalibrar márgenes, contratos y estructura logística. El cambio siempre estuvo próximo, pero nunca listo.

Núcleo económico, no jurídico

Si el costo del flete deja de promediarse a nivel nacional y comienza a reflejar la distancia real entre planta y estación, el sistema abandonará la lógica de homogeneización territorial.

Las estaciones cercanas a centros logísticos como La Tablada, Paysandú, Juan Lacaze, Durazno o Treinta y Tres tenderían a registrar menor incidencia del transporte. En cambio, las ubicadas en zonas más alejadas —norte, litoral profundo y este— podrían experimentar mayor peso logístico dentro del precio final.

No necesariamente implicaría un aumento general del combustible, sino una redistribución territorial del costo. Y allí reside la sensibilidad del cambio: en Uruguay, el precio del combustible no es solo una variable económica, sino también un instrumento de equilibrio regional y estabilidad del sistema.

Implementación: sin fecha, pero en agenda

En el sector se reconoce que el traspaso del flete podría concretarse junto a una reforma más amplia del esquema de distribución y márgenes, en el marco de la reestructura integral solicitada por el MIEM a URSEA. Algunos actores proyectan el cambio hacia 2027 o más adelante, aunque sin fecha oficial.

Mientras tanto, el transporte sigue donde siempre estuvo: lo paga ANCAP.

Impacto estimado por zonas

Estimaciones del sector sugieren que:

Zonas cercanas a plantas (Montevideo, La Tablada, litoral sur): leve baja logística estimada entre $0,20 y $0,50 por litro.
Zonas medias (Florida, Durazno, Colonia, Soriano): impacto prácticamente neutro, entre -$0,10 y +$0,30.
Zonas alejadas (norte, Rivera, Artigas, Rocha): efecto distancia visible, entre +$0,50 y +$1,20 por litro.

Precio por distancia

De implementarse plenamente el cambio, emergería un esquema de precio más vinculado a la distancia, como ocurre en países de la región. Resta definir si el sistema adoptará valores diferenciados por territorio o si se mantendrá un precio promedio nacional para preservar la uniformidad.

Por ahora, la ley marca el rumbo. El sistema, todavía, espera el momento de ejecutarlo.

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