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Por LA ESTACIÓN Uruguay
La rápida inserción de los vehículos eléctricos en Uruguay —cinco y hasta seis veces más acelerada que en países vecinos como Argentina o Brasil— comenzó a modificar la mirada del gobierno sobre el futuro del sistema energético y del negocio de los combustibles.
En ese contexto, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, adelantó en declaraciones a la diaria algunos lineamientos en estudio dentro de su cartera para el sector de la distribución secundaria. Según confirmaron fuentes del MIEM a LA ESTACIÓN Uruguay, los postulados aún se encuentran en una etapa técnica de elaboración “a la que todavía nadie tiene acceso”.
Lo que opina Cardona
Una de las señales más relevantes tiene que ver con la electromovilidad. Cardona sostuvo que las estaciones de servicio “deberían verse como electrolineras”, una definición que trasciende lo conceptual y funciona como una señal política sobre el rumbo futuro del negocio energético en Uruguay.
Este tipo de afirmaciones rara vez son casuales: suelen anticipar cambios regulatorios en proceso.
El nuevo modelo en estudio
De acuerdo con trascendidos recogidos por este medio, el Ministerio de Industria trabaja en un documento técnico que establecerá criterios para el desarrollo futuro de las estaciones de servicio.
La idea central es dejar de concebirlas exclusivamente como puntos de venta de combustibles líquidos para transformarlas en centros integrales de abastecimiento energético. Un modelo en el que convivan combustibles tradicionales, carga eléctrica, servicios energéticos y nuevas soluciones de movilidad.
El cambio implicaría pasar de un esquema basado casi exclusivamente en nafta y gasoil hacia otro de carácter multipropósito, alineado con la transición energética.
¿Por qué el gobierno mira a las estaciones?
Uruguay ya completó la transformación de su matriz eléctrica hacia fuentes mayoritariamente renovables. El próximo desafío se concentra ahora en el transporte, uno de los sectores con mayor incidencia en las emisiones.
En ese escenario aparece una ventaja estratégica: el país cuenta con cerca de 500 estaciones de servicio distribuidas en todo el territorio, con infraestructura instalada, servicios operativos y hábitos de consumo consolidados.
Crear una red energética paralela desde cero sería más costoso y lento que reconvertir la existente. Por eso, dentro del MIEM predomina la idea de que la transición energética no pasará por sustituir estaciones, sino por transformarlas.
El debate pendiente del sector
El verdadero debate para los estacioneros recién comienza.
Las inversiones necesarias, el aumento del consumo eléctrico, los refuerzos de potencia, la redefinición de márgenes comerciales, los cambios regulatorios y los acuerdos con UTE plantean una interrogante central: ¿resultará rentable la reconversión?.
Para analizar la preocupación de los empresarios, basta observar que el costo estimado de un cargador rápido oscila entre 40 y 120 mil dólares, con requerimiento de una potencia instalada de entre 150 y 350 kW.
Fuentes de UNVENU señalaron a LA ESTACIÓN Uruguay que aguardarán la publicación del documento oficial antes de emitir una posición formal. “Opinar ahora sería hacerlo sobre aspectos que aún desconocemos”, indicaron.
¿Fin del combustible líquido?
Leída en perspectiva, la frase de Cardona no anuncia el fin de los combustibles fósiles. Plantea algo más complejo: la ampliación del negocio energético.
Si las estaciones deben reconvertirse en hubs energéticos, también deberá transformarse su modelo de rentabilidad.
Durante décadas, las estaciones fueron el último eslabón visible de la cadena petrolera. En el futuro podrían convertirse en el primer punto de contacto del usuario con múltiples formas de energía.
La pregunta inevitable emerge entonces con fuerza: ¿quién financiará la transición?
El rol de UTE
Consultadas por LA ESTACIÓN Uruguay, fuentes jerárquicas de UTE señalaron que el ente prevé otorgar facilidades a los operadores para la incorporación de electrolineras y la instalación de cargadores de última generación dentro de las estaciones de servicio.
El alcance concreto de esos incentivos —financieros, tarifarios o regulatorios— será uno de los aspectos clave para determinar la velocidad real de la reconversión del sector.
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