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Por LA ESTACIÓN Uruguay
La discusión sobre los beneficios fiscales para departamentos de frontera sumó una nueva voz crítica en el Parlamento, y esta vez con foco directo en el impacto que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo pueden generar sobre el mercado de combustibles en el norte del país.
Durante una sesión de la Cámara de Representantes, el diputado colorado por Tacuarembó, Maximiliano Campo, cuestionó con dureza el criterio geográfico aplicado por el Ministerio de Economía para delimitar el alcance de las exoneraciones tributarias, particularmente el esquema que fija el beneficio dentro de una franja de 60 kilómetros desde la línea fronteriza con Brasil.
Desventaja
Para el legislador, ese criterio deja a Tacuarembó en una situación de clara desventaja comparativa frente a otros departamentos del norte que sí acceden a los beneficios, pese a compartir —según sostuvo— iguales indicadores de desempleo, informalidad y fragilidad comercial.
Uno de los puntos más sensibles de su intervención estuvo vinculado al sector de estaciones de servicio. Campo advirtió que localidades cercanas como Tranqueras, ubicadas a apenas 40 kilómetros de la capital departamental y alcanzadas por las rebajas impositivas, podrían absorber una parte significativa del consumo de combustibles que hoy se realiza en Tacuarembó.
Amenaza para estaciones de servicio de Tacuarembó
Ese desplazamiento de demanda representa una amenaza concreta para las estaciones instaladas en el departamento, que quedarían compitiendo en inferioridad de condiciones frente a plazas vecinas con precios más bajos derivados de la rebaja tributaria.
El planteo no es menor dentro del mapa energético regional. En Uruguay, las asimetrías fiscales en combustibles generan efectos inmediatos sobre movilidad de consumidores, recaudación y sustentabilidad comercial de estaciones medianas y pequeñas. Cuando una localidad pierde competitividad frente a otra cercana beneficiada fiscalmente, el impacto se traduce rápidamente en caída de ventas, menor circulación comercial y presión sobre el empleo.
Campo sostuvo además que el problema no se limita al combustible. Según afirmó, la diferencia de precios también empuja a los consumidores hacia productos básicos provenientes de Brasil o adquiridos en ciudades fronterizas beneficiadas, debilitando al comercio minorista local.
Sin evaluaciones públicas
El diputado recordó que Tacuarembó queda así como el único departamento al norte del Río Negro excluido del esquema, pese a haber recibido —según indicó— señales previas de comprensión por parte de autoridades nacionales respecto a su situación.
Otro aspecto que el legislador puso sobre la mesa fue la ausencia de evaluaciones públicas sobre la eficacia real de estas políticas. Señaló que el Parlamento aún no recibió informes oficiales que permitan medir el impacto concreto de los beneficios fiscales aplicados en frontera, lo que —a su juicio— debilita la transparencia y limita la posibilidad de corregir distorsiones.
La advertencia de Campo abre un nuevo capítulo en el debate sobre el diseño territorial de los incentivos fronterizos: hasta qué punto una política pensada para corregir asimetrías con países vecinos puede, al mismo tiempo, crear nuevas desigualdades dentro del propio territorio nacional.
Para el sector de combustibles, donde cada punto de diferencia en precio altera patrones de consumo, la exclusión de Tacuarembó podría convertirse en un caso testigo de esas distorsiones.
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