Por LA ESTACIÓN Uruguay

En un movimiento que apunta a mejorar la capacidad de respuesta en uno de los puntos más sensibles del sistema logístico de combustibles, ANCAP y el Ministerio de Defensa Nacional sellaron un acuerdo para incorporar medios aeronavales a la operativa de control y contingencia en la Terminal del Este.

El convenio, instrumentado a través del Comando General de la Armada, introduce un cambio relevante: por primera vez, la respuesta ante eventuales incidentes en la boya petrolera José Ignacio y su área de influencia no dependerá exclusivamente de medios marítimos, sino que sumará capacidades aéreas con base en la Aviación Naval.

Aeronaves la orden de José Ignacio

Helicópteros y aeronaves de ala fija —operando principalmente desde la Base Aeronaval Carlos Curbelo— podrán intervenir en tareas de vigilancia, inspección y respuesta, incluyendo aplicación de dispersantes, combate de incendios, evacuaciones sanitarias y apoyo logístico en alta mar.

El punto no es menor. La Terminal del Este opera en un entorno de elevada exigencia, donde las condiciones meteomarinas suelen jugar en contra y donde cada minuto cuenta. En ese escenario, la posibilidad de actuar desde el aire no solo acorta los tiempos de respuesta, sino que introduce una herramienta más eficaz cuando el oleaje o la distancia limitan el despliegue de embarcaciones.

Hasta ahora, solo a demanda

Hasta ahora, ANCAP debía recurrir a servicios especializados de respuesta a derrames (OSRO), con costos asociados y esquemas operativos que implicaban la presencia permanente de buques en la zona durante las descargas. El nuevo esquema cambia la lógica: sustituye parte de esa dependencia externa por capacidades propias del Estado, en coordinación con la Armada Nacional.

Más allá de la eficiencia, el acuerdo tiene otra lectura de fondo. Supone un avance en la construcción de capacidades nacionales en materia de respuesta ambiental, con entrenamiento específico, ejercicios periódicos y acumulación de experiencia técnica en operaciones complejas.

Articulación estatal

El convenio, con una vigencia de seis años, establece además un esquema de financiamiento que asegura la disponibilidad y el alistamiento de los medios, así como responsabilidades operativas claras entre las partes, en línea con estándares internacionales.

En términos estratégicos, ANCAP refuerza así la resiliencia de una infraestructura crítica, al tiempo que consolida un modelo de articulación estatal que trasciende la coyuntura: menos dependencia externa, mayor coordinación interinstitucional y una respuesta potencialmente más rápida ante escenarios de riesgo.