Embedded Files
Por LA ESTACIÓN Uruguay
La negociación entre UTE y HIF Global entró en una fase de definición marcada por un único factor dominante: el precio de la energía eléctrica.
En este cuello de botella, lo que está en juego no es un detalle técnico, sino la viabilidad económica de uno de los proyectos industriales más ambiciosos vinculados a combustibles sintéticos en Uruguay.
Entre 40 y 80 dólares
HIF Global ofertó un valor de USD 40 por MWh para abastecer su futura planta en Paysandú, una cifra que no conformó al directorio de UTE que maneja montos para grandes consumidores industriales que se ubican en la franja de USD 60 y 80 por MWh, una explicación de porqué el acuerdo no se cerró y entró en una prórroga hasta fines de junio.
Fuentes de UTE advirtieron a LA ESTACIÓN Uruguay, sobre la preocupación explícita por el precedente que podría generarse, en la medida que otorgar un precio sensiblemente inferior al de mercado a un proyecto de esta magnitud abre la puerta a reclamos inmediatos de otras industrias ya instaladas en el país, que operan con tarifas significativamente más altas. Una señal tarifaria muy negativa para el mercado de la empresa eléctrica estatal.
A esto se suma un segundo plano de análisis, menos visible pero igual de determinante: la seguridad técnica del sistema eléctrico.
Demanda sostenida de energía
Un emprendimiento de estas características implica una demanda intensiva y continua de energía, lo que obliga a evaluar impactos sobre la estabilidad de la red, la capacidad de generación y la necesidad de eventuales refuerzos en infraestructura.
En paralelo, el proyecto enfrenta cuestionamientos ambientales que exceden las fronteras uruguayas. Desde la provincia de Entre Ríos surgieron objeciones vinculadas a la localización de la planta en Paysandú, reeditando tensiones regionales que Uruguay conoce bien. A nivel interno, además, el emprendimiento aún debe completar instancias clave de aprobación ambiental.
Tres meses de prórroga
En este contexto, el Gobierno optó por ganar tiempo. Se acordó una prórroga de tres meses —hasta fines de junio de 2026— para intentar acercar posiciones y viabilizar el contrato de inversión. El plazo no es casual: refleja la necesidad de compatibilizar tres variables que hoy no terminan de alinearse —precio, equidad tarifaria y viabilidad técnica—.
El dato central es claro. Sin acuerdo en el costo de la energía, no hay proyecto. Y sin una definición política sobre hasta dónde Uruguay está dispuesto a flexibilizar su esquema tarifario para atraer inversiones de este tipo, la negociación seguirá empantanada.
Page updated
Google Sites
Report abuse