Por LA ESTACIÓN Uruguay

La fiscal federal María Josefina Minatta dictaminó que la demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Global por la planta proyectada en Paysandú debe tramitarse en la Justicia federal de Concepción del Uruguay. Con ese paso, el caso deja de ser un reclamo político y entra en fase judicial.

La presentación fue promovida por dirigentes de Entre Ríos y plantea que Uruguay avanzó sin ni canalizar la información ambiental a través de la CARU. Entre las medidas solicitadas figuran evaluaciones de impacto, acceso a información técnica y eventuales acciones para frenar o condicionar el proyecto.

Nueva Botnia

Del lado argentino, el gobernador Rogelio Frigerio endureció la posición pública y advirtió sobre una “nueva Botnia”, sin descartar una eventual presentación ante la Corte Internacional de Justicia.

El proyecto en cuestión no es menor: HIF Global prevé una inversión superior a los USD 5.000 millones para producir e-combustibles (e-metanol y e-gasolina) en Paysandú, en una de las mayores iniciativas industriales recientes en Uruguay. La localización —a pocos kilómetros de la ciudad argentina de Colón— explica parte de la reacción política del otro lado del río.

Para Uruguay el proyecto cumple con normativas
En Uruguay, tanto el gobierno nacional como las autoridades departamentales mantienen respaldo al emprendimiento. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, ha señalado que la planta representa una oportunidad de inversión y empleo para el departamento, y cuestionó los planteos argentinos por considerarlos desproporcionados.

En la misma línea, el intendente de Salto, Carlos Albisu, ha respaldado el proyecto y destacó su potencial para dinamizar la economía del norte del país.

El Poder Ejecutivo, por su parte, sostiene que la iniciativa cumple con los procedimientos vigentes y que continuará avanzando, al tiempo que busca canales de diálogo para evitar una escalada del conflicto.

Nuevo escenario hacia la relación bilateral

El escenario abre un nuevo frente en la relación bilateral. A diferencia de otros proyectos industriales, este se inscribe en la agenda de transición energética, lo que introduce un componente adicional: el desarrollo de combustibles sintéticos y de hidrógeno verde en la región.

Con la intervención de la Justicia argentina, el proceso ingresa en una etapa de mayor formalidad y previsibles derivaciones diplomáticas, en un contexto donde el antecedente del conflicto por la planta de celulosa sigue presente en la memoria política de ambos países.