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Por LA ESTACIÓN Uruguay
La controversia por la exploración sísmica en busca de petróleo frente a las costas uruguayas ingresó en una fase decisiva: el debate ya no está en el terreno político ni ambiental, sino en sede judicial.
En la audiencia celebrada este lunes 13 de abril, el gobierno nacional y la empresa encargada de los trabajos offshore defendieron ante la Justicia la legalidad de las autorizaciones concedidas para avanzar con la prospección sísmica en aguas uruguayas, mientras que del otro lado científicos y organizaciones ambientalistas preparan su ofensiva técnica para intentar detener las tareas.
El núcleo del litigio radica en el recurso de amparo presentado por colectivos ambientalistas, que solicitan la suspensión inmediata de las actividades de exploración al entender que existen riesgos ambientales no suficientemente ponderados, especialmente sobre mamíferos marinos y biodiversidad oceánica.
Autorizaciones con respaldo técnico
Durante la instancia judicial, tanto representantes del Poder Ejecutivo como de la compañía involucrada sostuvieron que todo el proceso administrativo se ajustó a derecho y que las autorizaciones emitidas cuentan con respaldo técnico, estudios previos y aprobación de los organismos competentes.
La defensa oficial apuntó a reafirmar que la exploración se desarrolla bajo el marco legal vigente, con controles ambientales establecidos por el Ministerio de Ambiente, y que no existe ilegalidad alguna en la ejecución del proyecto.
11 científicos
La próxima etapa será clave: los demandantes presentarán once testimonios de científicos especializados, quienes intentarán convencer al juez de que los estudios sísmicos pueden generar impactos irreversibles sobre especies sensibles del ecosistema marino.
El expediente judicial pone así en tensión dos visiones contrapuestas: por un lado, la postura oficial que sostiene que investigar potenciales reservas hidrocarburíferas es una facultad legítima del Estado dentro de la normativa vigente; por otro, la posición de académicos y ambientalistas que reclaman aplicar el principio precautorio antes de avanzar.
¿Exploración suspendida?
El fallo que surja de esta causa podría tener consecuencias inmediatas: si la Justicia hace lugar al amparo, la exploración quedaría suspendida; si lo rechaza, los trabajos continuarán según el cronograma previsto.
Más allá del desenlace, el caso marca un precedente relevante para Uruguay: será la Justicia quien defina ahora hasta dónde puede avanzar el país en su apuesta por explorar hidrocarburos offshore sin vulnerar los límites ambientales exigidos por la sociedad civil.
Relevamiento mediante ondas sísmicas
La empresa Viridien está ejecutando el relevamiento sísmico multicliente autorizado por el Estado uruguayo en las áreas marítimas frente a la costa atlántica, dentro del proceso de exploración hidrocarburífera impulsado por el gobierno.
Su rol no es perforar ni extraer petróleo: en esta etapa su tarea consiste exclusivamente en relevar información geológica del subsuelo marino mediante ondas sísmicas, para identificar eventuales estructuras con potencial hidrocarburífero.
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