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Por LA ESTACIÓN Uruguay
La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar centrales eléctricas iraníes en caso de que no se normalice el tránsito por el Estrecho de Ormuz, introduce un cambio de escala en el conflicto. Ya no se trata únicamente de barcos, petróleo o sanciones: el foco empieza a desplazarse hacia la infraestructura energética como objetivo directo.
Irán respondió sin matices. No solo advirtió que el estrecho no volverá a operar con normalidad, sino que dejó claro que cualquier ataque a su sistema energético tendrá respuesta. Y en ese punto, el tablero deja de ser estrictamente militar para convertirse en sistémico.
Sistema eléctrico iraní
El sistema eléctrico iraní depende casi en su totalidad de centrales térmicas, alimentadas mayormente por gas natural. Un puñado de plantas de gran escala sostiene el suministro de las principales ciudades y polos industriales.
Instalaciones como Damavand, al este de Teherán, o complejos como Neka y Shahid Montazeri, no son solo activos energéticos: son nodos críticos de funcionamiento del país.
No hace falta una campaña aérea prolongada para generar impacto. Alcanzar algunas de estas instalaciones podría retirar del sistema una porción significativa de la capacidad de generación en cuestión de horas.
Las consecuencias internas serían inmediatas. Cortes rotativos de energía, afectación directa a hospitales, interrupciones en sistemas de agua potable, telecomunicaciones y transporte. En un país que ya enfrenta sanciones, inflación y tensiones estructurales, un shock energético de esta magnitud no sería un episodio más: sería un factor desestabilizador.
Respuesta de Irán; proporcional
Además, hay un elemento técnico clave. La reparación de centrales eléctricas no es rápida ni sencilla, y mucho menos en un contexto de restricciones comerciales. Muchos de los componentes críticos deben ser importados, lo que podría prolongar los efectos de cualquier ataque mucho más allá del evento inicial.
Teherán ya dejó planteado que responderá de forma proporcional. Y en una región donde la energía y el agua dependen de infraestructuras altamente concentradas, los blancos potenciales sobran. Instalaciones petroleras en el Golfo Pérsico, plantas desalinizadoras que abastecen a ciudades enteras, redes logísticas y hasta infraestructura en Israel podrían entrar en la ecuación.
Hezbollah y los Houthis
A eso se suma la capacidad operativa de actores aliados. Grupos como Hezbollah en Líbano o los Houthis en Yemen ya han demostrado que pueden afectar rutas marítimas e infraestructura energética. El conflicto, en ese escenario, deja de ser bilateral y pasa a ser regional.
El riesgo es claro: cuando la energía entra en la lógica de objetivos militares, deja de ser un activo estratégico para convertirse en una vulnerabilidad compartida.
Desde el punto de vista jurídico y humanitario, el escenario también abre interrogantes. Las redes eléctricas sostienen la vida civil. Atacarlas implica efectos en cascada que van mucho más allá de lo militar. La línea entre objetivo estratégico y daño desproporcionado se vuelve difusa, y con ella, las reglas tradicionales del conflicto.
El epicentro sigue siendo el mismo: el Estrecho de Ormuz.
Por ese corredor pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa por vía marítima en el mundo. Cualquier interrupción sostenida no solo impacta en los precios, sino en toda la cadena global de suministro. Fletes más caros, seguros más altos, menor flujo de buques y presión directa sobre las economías importadoras, especialmente en Asia.
El mercado ya empezó a reaccionar. El petróleo abrió la semana en alza, reflejando el temor a una escalada. Y los analistas coinciden en algo: si el conflicto se profundiza o si Ormuz sigue condicionado, los precios pueden subir de forma significativa, inclusive hay quienes pronostican el barril a 200 dólares en breve.
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