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Por LA ESTACIÓN Uruguay
La diputada colorada Elianne Castro elevó el tono de sus cuestionamientos contra la prospección sísmica offshore en aguas uruguayas y apuntó directamente al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, al considerar que las garantías ofrecidas por la cartera para controlar el impacto ambiental “no resisten un análisis serio”.
Castro sostuvo que el principal problema de Uruguay frente a esta etapa exploratoria no es solamente el eventual daño ambiental, sino la imposibilidad técnica de medirlo.
“El gran problema que tenemos es que no vamos a poder medir el daño. Y lo que no se mide, no se gestiona”, afirmó, al insistir en que el país carece de estudios de línea de base suficientes para determinar qué biodiversidad existe hoy en el ecosistema marino y, por tanto, qué efectos reales podría provocar la prospección.
La mitad de las tejas
Para explicar esa carencia, recurrió a una comparación gráfica: “Es como decir que una tormenta te tiró el 50% de las tejas de tu casa, pero no saber cuántas tejas tenía el techo antes. Si no conocés el punto de partida, no podés calcular cuánto perdiste”.
La legisladora remarcó que sin una línea de base científica robusta —con datos acumulados sobre biodiversidad, plancton, especies migratorias, dinámica acústica y condiciones del océano— cualquier evaluación posterior de impacto queda vaciada de rigor.
“Las garantías del ministro son una burla”
Uno de los cuestionamientos más duros de Castro apuntó al sistema de observación ambiental previsto por el Ministerio de Ambiente para acompañar las campañas sísmicas.
Según recordó, el esquema oficial prevé observadores a bordo de los buques prospectores encargados de detener o suspender operaciones si detectan cetáceos, tortugas u otra fauna marina sensible dentro del radio de seguridad.
Pero, a juicio de la diputada, ese mecanismo es insuficiente y carece de independencia.
“Decir que esto es absolutamente garantista porque habrá cuatro observadores mirando si aparece una ballena o una tortuga es una burla”, señaló
Castro advirtió además que esos observadores son propuestos y contratados por las propias empresas que realizan la prospección.
“Las personas llamadas a fiscalizar están contratadas por quienes deben ser fiscalizados. No existe independencia técnica real, y eso compromete toda la credibilidad del sistema”, afirmó.
La diputada también acusó al ministro Ortuño de reducir el análisis ambiental a una visión superficial del ecosistema marino.
Faltó a clase de “cadena trófica”
“El ministro faltó a la clase de cadena trófica”, dijo, al cuestionar que la evaluación oficial se concentre en especies visibles en superficie, como ballenas o tortugas, sin considerar los organismos que integran la base alimentaria del océano.
Explicó que para que una ballena esté presente existe debajo una compleja red biológica compuesta por peces, plancton, microorganismos y especies bentónicas, cuya alteración puede pasar inadvertida pero tener efectos severos.
“Si solo miramos lo que emerge a la superficie, nunca vamos a dimensionar el daño real”, advirtió.
En ese punto recordó que recientes exploraciones en zonas profundas permitieron identificar especies hasta ahora no descriptas en fondos marinos uruguayos, lo que —según afirmó— demuestra cuánto se desconoce todavía del ecosistema que hoy está siendo intervenido.
Un proceso “irreversible”
Castro insistió además en que Uruguay está entrando en una dinámica que puede volverse irreversible.
A su entender, cada nueva autorización ambiental compromete más al país con un proceso que luego será difícil detener, especialmente si aparecen hallazgos comercialmente atractivos.
“Ya estamos avanzando sobre decisiones que después no tendrán vuelta atrás. Y eso está ocurriendo sin contar siquiera con una evaluación ambiental seria, porque no existe línea de base suficiente para medir impactos”, afirmó.
La legisladora cerró con una crítica directa a la falta de explicaciones oficiales.
“El ministro de Ambiente no está dando las respuestas que debería dar. No puede plantearse avanzar diciendo, en los hechos, que no sabemos medir el daño pero igual vamos adelante”, concluyó.
Con estas declaraciones, Castro profundiza un debate que ya dejó de ser exclusivamente técnico y se instala cada vez más en el terreno político, donde la legitimidad ambiental del offshore comienza a convertirse en uno de los principales puntos de tensión del nuevo mapa energético uruguayo.
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