FANCAP acusa al directorio de “desmantelamiento” y resuelve acciones sorpresivas y distorsivas en áreas centrales de ANCAP
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Por LA ESTACIÓN Uruguay
La Federación ANCAP dio un paso más en el conflicto por el futuro de la industria cementera estatal. La declaración de conflicto ya estaba sobre la mesa. Lo que acaba de resolver la Asamblea Representativa, por unanimidad, fue avanzar en la implementación de medidas concretas.
El eje del planteo sindical se mantiene sin variantes. La federación sostiene que el plan del gobierno no garantiza la continuidad de todas las plantas, no presenta un esquema de inversiones capaz de revertir la situación del sector y tampoco asegura la preservación de los puestos de trabajo vinculados al Portland.
Desmantelamiento
En ese marco, en diálogo con LA ESTACIÓN Uruguay, el presidente de FANCAP, Salvador Sprovieri, descartó cualquier interpretación de “repliegue táctico” y habla directamente de desmantelamiento. Esa calificación define el tono del conflicto y explica el paso siguiente: la activación de medidas.
La resolución aprobada habilita la aplicación de acciones sorpresivas y distorsivas en áreas centrales de ANCAP, dejando a la dirección sindical la potestad de definir el momento y la modalidad según la coyuntura. No se trata de un cronograma rígido, sino de una estrategia flexible, con capacidad de impacto directo sobre la operativa.
Medidas de visibilización
En paralelo, se definieron acciones de visibilización. La instalación de una carpa en la previa al 1º de mayo y el despliegue de una campaña en redes sociales en busca de trasladar el conflicto desde el ámbito interno hacia la opinión pública.
A su tiempo, se informó que la federación plantea coordinar con el SUNCA y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes para proponer al PIT-CNT un paro con movilización hacia Torre Ejecutiva. El foco no se limita a ANCAP: apunta a instalar la discusión sobre la industria cementera estatal y, en particular, sobre la situación del empleo en Paysandú.
El conflicto entra así en una nueva fase. Ya no se discute únicamente el contenido del plan oficial, sino su aplicación en un escenario de presión sindical organizada.
Para el gobierno, el margen se acorta. La discusión técnica sobre la viabilidad del negocio convive ahora con un frente sindical activo, con capacidad de escalar y de afectar la operativa.
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