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Por LA ESTACIÓN Uruguay
El proyecto de planta de e-combustibles de HIF Global en Paysandú sumó un nuevo frente: la Justicia argentina ya interviene formalmente y empezó a mover el expediente.
Un juzgado federal de Concepción del Uruguay solicitó informes a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para determinar si el emprendimiento fue notificado oficialmente y si cuenta con un estudio de impacto ambiental transfronterizo.
¿Se viola estatuto del Río Uruguay?
El pedido apunta al corazón jurídico del conflicto: el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, que obliga a informar y evaluar cualquier proyecto con posible impacto sobre el curso compartido.
La CARU tiene un plazo de diez días hábiles para responder, aunque desde el propio organismo ya se desliza una posición incómoda para la causa: su carácter binacional le otorga inmunidad de jurisdicción, lo que limita el alcance directo de la Justicia argentina.
Advierten que no hubo comunicación binacional
Detrás del movimiento judicial hay una acción presentada por legisladores de Entre Ríos, que impulsaron una demanda preventiva contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Global por posibles daños ambientales.
El argumento es conocido, pero potente: si el proyecto no fue comunicado formalmente ni evaluado en clave binacional, Uruguay podría estar incumpliendo tanto el tratado vigente como la jurisprudencia del caso Botnia, que marcó un antes y un después en los conflictos ambientales entre ambos países.
Se trata de una inversión estimada en más de 5.000 millones de dólares, la mayor en la historia reciente del país, con una planta proyectada a pocos kilómetros de la costa argentina y con capacidad de producción de hasta 876.000 toneladas anuales de metanol a partir de hidrógeno verde.
Comparaciones con Botnia
Desde Argentina, el tema ya se empieza a leer en clave política y ambiental. Se reactivan comparaciones con el conflicto de Botnia y se deja abierta la puerta a una eventual internacionalización del caso si no se despejan las dudas sobre el impacto.
Del lado uruguayo, la respuesta es más pragmática. Mientras se defiende la soberanía para decidir inversiones, ya se analiza una posible relocalización dentro de Paysandú como forma de descomprimir tensiones sin perder el proyecto.
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