Por LA ESTACIÓN Uruguay
La presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, dejó planteado uno de los debates más delicados de toda la transición energética uruguaya: ¿qué hará el Estado cuando desaparezca la gigantesca recaudación que hoy obtiene mediante la venta de combustibles?.
En una entrevista concedida a El País, la jerarca lanzó dos definiciones que pasaron relativamente desapercibidas, pero que dentro del sector energético tienen enorme profundidad política y fiscal.
“Si el Estado dejara de comercializar naftas, serían recursos que van a tener que venir de otro lugar”, afirmó San Román en nota al matutino EL PAÍS.
Como en Europa
Y enseguida agregó una segunda reflexión todavía más directa:
“Tal vez es como pasa en Europa. Esos impuestos se fueron trasladando a los vehículos eléctricos. Antes estaban exonerados y ahora ya se les empezó paulatinamente a cargar de impuestos”.
Las declaraciones abren un escenario que hasta ahora aparecía poco explicitado en Uruguay.
Porque mientras el país acelera el discurso sobre movilidad eléctrica, descarbonización y transición energética, simultáneamente el combustible continúa funcionando como una de las mayores fuentes indirectas de recaudación estatal.
Cada litro de nafta o gasoil vendido en Uruguay arrastra IMESI, IVA, fideicomisos y múltiples cargas que terminan financiando parte importante del funcionamiento del Estado.
La caja fiscal
Y ahí aparece el verdadero problema de fondo:
si el parque automotor migra masivamente hacia electricidad, esa “caja” fiscal inevitablemente comenzará a reducirse.
Lo interesante es que San Román ya no habla solamente desde la lógica energética, sino también desde la lógica tributaria.
El mensaje parece claro:
la movilidad eléctrica podrá avanzar, pero tarde o temprano el Estado buscará mecanismos para recuperar ingresos que hoy provienen de los combustibles fósiles.
Europa aparece justamente como uno de los laboratorios de esa discusión.
Varios países europeos comenzaron a revisar beneficios históricos otorgados a vehículos eléctricos e incluso analizan nuevos esquemas de tributación vinculados al uso de rutas, consumo eléctrico o circulación, precisamente para compensar la caída de ingresos derivados de los combustibles tradicionales.
Discusión instalada
Pero las declaraciones de la presidenta de ANCAP muestran que la discusión ya empezó a instalarse dentro de las empresas públicas y de los organismos vinculados a energía y recaudación.
Y la paradoja no deja de ser potente.
Mientras el Estado promueve autos eléctricos como parte del futuro, al mismo tiempo empieza a preguntarse cómo reemplazará el dinero que hoy recauda gracias justamente a aquello que pretende sustituir.
Porque detrás de cada vehículo eléctrico que ingresa al país aparece una pregunta que tarde o temprano terminará llegando al Ministerio de Economía:
¿Quién pagará mañana los impuestos que hoy paga la nafta?