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Por LA ESTACIÓN Uruguay
El Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) divulgó su “Barómetro Energético – Mercado de Combustibles Abril 2026”, donde sostiene que la actual metodología aplicada por el Poder Ejecutivo para fijar los precios de los combustibles mantiene un fuerte desacople entre los valores locales y las referencias internacionales.
Según el informe, entre mayo de 2025 y abril de 2026 los consumidores de nafta y gasoil pagaron cerca de USD 81 millones de sobreprecio, cifra que asciende a USD 93,5 millones si se toma desde marzo de 2025, momento en que comenzó a aplicarse el nuevo esquema de ajustes.
Renta monopólica de 75 millones de dólares
El CEPP afirma que, desde ese cambio metodológico, los precios locales de la nafta y el gasoil estuvieron por encima de las referencias internacionales en todos los meses, salvo en abril de 2026.
Entre marzo y diciembre de 2025 la brecha acumulada alcanzó USD 39 millones en nafta y USD 49 millones en gasoil. Agrega que durante el primer cuatrimestre de 2026 esa diferencia aumentó otros USD 5,5 millones, aunque reconoce que el fuerte incremento internacional del petróleo no fue trasladado completamente a los precios locales y que el gasoil quedó por debajo de la referencia internacional.
El informe señala que además que como consecuencia de esta política ANCAP acumuló una renta monopólica estimada en USD 75 millones entre mayo de 2025 y abril de 2026, descontando el IVA recaudado sobre las ventas de gasoil. El CEPP afirma que solo en febrero de 2026 las diferencias entre el PPI y el PEP generaron ingresos adicionales cercanos a USD 18 millones.
Peso del componente impositivo
En paralelo, el documento indica que el componente impositivo y otros costos ajenos a ANCAP continúan teniendo una fuerte incidencia en el precio final de los combustibles.
De acuerdo al análisis, en abril de 2026 los impuestos representaron aproximadamente el 45% del precio final de la nafta, mientras que la distribución secundaria explicó otro 9%. En el caso del gasoil, impuestos y distribución representaron alrededor del 32% del precio final en surtidor.
El CEPP también cuestiona la persistencia de subsidios cruzados dentro del mercado de combustibles. Según el trabajo, el supergás acumuló subsidios implícitos por aproximadamente USD 37 millones en los últimos doce meses, financiados mediante sobreprecios aplicados a las naftas y al gasoil.
El informe sostiene que este mecanismo permite mantener artificialmente reducido el precio del supergás, aunque advierte que presenta bajos niveles de transparencia fiscal y que no surge de una asignación explícita aprobada por el Parlamento.
Recargo de 3 pesos por litro en el Gas Oil
Otro de los puntos señalados es el fideicomiso del transporte. El CEPP afirma que entre mayo de 2025 y abril de 2026 este mecanismo recaudó aproximadamente USD 82 millones mediante un cargo de $ 3 por litro de gasoil comercializado para financiar a las empresas de transporte de pasajeros.
En el caso del supergás, el estudio agrega que una parte significativa del subsidio es absorbida por la cadena privada de distribución. Según el análisis, los costos de envasado y distribución secundaria representan aproximadamente el 43% del precio final del producto, mientras que la carga tributaria explica otro 17%, totalizando cerca del 60% del valor al público.
A nivel regional, el CEPP sostiene que Uruguay continúa exhibiendo precios elevados en las naftas respecto a los países vecinos. El informe indica que en abril de 2026 el precio de la nafta en Uruguay se ubicó aproximadamente 50% por encima de Brasil y Argentina, manteniendo al país entre los más caros de la región.
Altos precios con impacto sobre la competitividad
En contraste, el documento señala que el gasoil pasó a ubicarse transitoriamente por debajo de los precios observados en zonas fronterizas de Argentina y Brasil, producto del atraso relativo de los precios internos frente al aumento internacional del petróleo.
El CEPP concluye que el actual sistema de fijación de precios continúa utilizando a los combustibles como herramienta de recaudación y financiamiento cruzado de subsidios, alejando los precios locales de las referencias internacionales y generando impactos sobre la competitividad, el costo de vida y la transparencia fiscal.
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