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Por LA ESTACIÓN Uruguay
La discusión sobre el futuro del portland en ANCAP dio un paso más allá de los habituales debates sobre pérdidas y reestructuras. Los diputados Gabriel Gurméndez, Agustín Quintana y Juan Martín Jorge presentaron un proyecto de ley que propone eliminar directamente el cometido legal que habilita a ANCAP a fabricar portland y poner fin a toda la actividad vinculada a ese negocio.
La iniciativa establece que, a partir de un año de promulgada la ley, ANCAP dejará de tener entre sus cometidos la fabricación de portland, derogando expresamente las disposiciones de la Ley Nº 8.764 que le atribuyen esa competencia desde 1931.
Pero el proyecto no se limita a las plantas industriales. La derogación comprende también todas las actividades conexas, afines y derivadas desarrolladas por el ente a partir de esa competencia legal, incluyendo yacimientos en Minas y Paysandú, plantas de producción, instalaciones de almacenamiento, envasado y despacho en Manga, derechos de explotación y sociedades vinculadas o subsidiarias.
Una actividad "estructuralmente deficitaria"
En la exposición de motivos, los legisladores sostienen que la fabricación de portland constituye una actividad "estructuralmente deficitaria" que ha consumido recursos públicos durante años sin lograr revertir su falta de sustentabilidad económica.
El proyecto afirma que el segmento acumuló pérdidas superiores a los US$ 100 millones en el último quinquenio y aproximadamente US$ 800 millones a valor presente durante las últimas dos décadas.
Según el texto, sucesivos procesos de reorganización, inversión y modernización no lograron modificar una situación que consideran estructural.
Los diputados recuerdan además que en 2021 ANCAP impulsó un proceso de asociación integral para el negocio del cemento y la cal, buscando incorporar inversión privada, conocimiento técnico y continuidad operativa. Sin embargo, destacan que el proceso culminó sin interesados, circunstancia que, a su juicio, confirmó las dificultades estructurales del sector.
Cese total y venta de activos
La propuesta encomienda al Poder Ejecutivo la ejecución de un proceso ordenado de cierre de actividades, transferencia, cesión o enajenación de activos y derechos vinculados al negocio.
El objetivo explícito es alcanzar el cese total de actividades relacionadas con la fabricación de portland dentro del plazo previsto por la ley.
Asimismo, se habilita la adopción de todas las medidas necesarias para finalizar relaciones contractuales vigentes, resolver situaciones vinculadas a subsidiarias y atender las obligaciones jurídicas derivadas del proceso.
Funcionarios serían redistribuidos
Uno de los aspectos contemplados por la iniciativa refiere a los trabajadores afectados.
El proyecto establece como prioridad la redistribución de los funcionarios dentro de ANCAP de acuerdo con las necesidades del servicio y el perfil de cada trabajador.
Aquellos que no puedan ser reubicados dentro del ente pasarían al régimen general de excedencia y redistribución en otros organismos públicos, manteniendo sus derechos adquiridos y garantías estatutarias.
Críticas a la compra obligatoria de portland estatal
La exposición de motivos también cuestiona los planteos orientados a sostener la actividad mediante compras públicas dirigidas al productor estatal.
Los legisladores sostienen que esa alternativa distorsiona la competencia en un mercado donde ya operan inversores privados y donde la propia ANCAP ha reconocido que existe capacidad instalada superior a la demanda local.
En ese sentido recuerdan que la empresa reconoció que la capacidad instalada de producción de cemento en Uruguay duplica la demanda nacional.
A juicio de los autores, trasladar el déficit del negocio a otros organismos públicos o a los contribuyentes no constituye una solución sostenible y resulta incompatible con las normas de defensa de la competencia.
Ahorro proyectado
La iniciativa argumenta además que mantener una actividad industrial deficitaria implica resignar recursos que podrían destinarse a otras prioridades del Estado.
Con base en datos oficiales, los legisladores estiman que el cierre del negocio permitiría eliminar pérdidas recurrentes del orden de US$ 22,8 millones anuales en promedio, tomando como referencia el último quinquenio cerrado.
Para los autores del proyecto, la fabricación de portland en ANCAP ha demostrado carecer de viabilidad económica sostenible bajo gestión estatal y corresponde adoptar una definición legislativa que permita culminar la actividad en forma gradual, ordenada y respetando los derechos de los trabajadores involucrados.
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