POR LA ESTACIÓN Uruguay

Viernes 31 de julio del 2026

Tal como lo había adelantado LA ESTACIÓN Uruguay en sus columnas del 27 de julio y en la columna en nuestra primera entrega matutina, el Poder Ejecutivo resolvió mantener la aplicación de la cláusula excepcional prevista en el artículo 5 del Decreto 130/025 y volvió a apartarse del mecanismo habitual de fijación de precios, argumentando que persisten las distorsiones provocadas por el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el mercado internacional de petróleo.

El decreto 189/026, firmado por el presidente Yamandú Orsi y los ministros de Industria y Economía, sostiene que la escalada bélica generó un fuerte aumento de los precios internacionales del crudo, mayores costos de transporte marítimo, incremento en las primas de seguros y un escenario de elevada volatilidad, circunstancias que justifican suspender transitoriamente la aplicación del mecanismo automático previsto por la normativa.

Se mantienen precios

En ese marco, el Poder Ejecutivo aprobó nuevos Precios de Venta en Planta (PEP) para ANCAP, que no muestra incrementos respecto a los vigentes hasta julio.

• Gasolina Súper 95: $ 88,67 por litro. 

• Gasolina Premium 97: $ 91,19. 

• Gasoil 50S: $ 58,68. 

• Gasoil 10S: $ 67,33. 

• Jet A-1: $ 47,70. 

• Queroseno: $ 67,50. 

Sin embargo, el propio decreto deja en claro que el Gobierno decidió no trasladar esas variaciones al mercado interno, procurando amortiguar el impacto sobre consumidores, productores y el nivel general de precios.

En los considerandos, el texto señala expresamente que "es voluntad del Poder Ejecutivo no trasladar en su totalidad dichas variaciones a los precios internos de los combustibles, a efectos de mitigar su impacto sobre la economía".

Conflicto continúa condicionando política energética

De esta manera, agosto marca una nueva intervención del Ejecutivo en la política de combustibles, privilegiando la estabilidad del mercado interno por encima de la aplicación estricta del mecanismo basado en el Precio de Paridad de Importación (PPI).

La decisión confirma además que el conflicto internacional continúa condicionando la política energética uruguaya y que el Gobierno mantiene una estrategia de absorber parte del aumento de los costos internacionales para evitar un mayor impacto en el surtidor y en la actividad económica nacional