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LA ESTACIÓN Uruguay
Jueves de julio de 2026
El Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) presentó el documento "2050+: Hacia un nuevo acuerdo multipartidario en energía", donde propone una profunda transformación del sector energético uruguayo con una visión de largo plazo orientada a fortalecer la competitividad y convertir al país en un exportador de energía y de industrias energointensivas.
Entre las principales recomendaciones figura la necesidad de alcanzar un nuevo acuerdo multipartidario que elimine trabas a la competencia, incentive las inversiones privadas y redefina el papel del Estado en el desarrollo energético nacional.
Uno de los planteos de mayor impacto político es la propuesta de avanzar hacia una fusión entre UTE y ANCAP, argumentando que ambas empresas deberán adaptarse a las transformaciones que experimentará el mercado energético en las próximas décadas. El documento también propone crear un fondo para administrar las futuras rentas provenientes de eventuales descubrimientos de hidrocarburos offshore y otro destinado a gestionar los ingresos derivados de grandes proyectos energéticos.
Apertura del mercado eléctrico
El informe sostiene además que el mercado eléctrico debería recuperar el espíritu de la apertura prevista en la normativa vigente desde 1997, con organismos reguladores fortalecidos e independientes, mientras que el mercado de combustibles debería avanzar hacia un escenario de mayor competencia.
En el plano internacional, el CEPP advierte que el mundo continuará dependiendo mayoritariamente de los combustibles fósiles durante las próximas décadas, al tiempo que identifica oportunidades para Uruguay en la producción de hidrógeno, combustibles sintéticos, biocombustibles, generación renovable e incluso energía nuclear como parte de una estrategia exportadora de largo plazo.
LA ESTACIÓN ANALIZA
Este documento seguramente abrirá debate porque no se limita a proyectar tendencias energéticas. También propone cambios estructurales en la organización del sector, entre ellos la eventual fusión de ANCAP y UTE, la liberalización del mercado de combustibles y una redefinición del rol de los organismos reguladores. Son planteos que, de concretarse, modificarían buena parte de la arquitectura institucional de la política energética uruguaya.
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