Por LA ESTACIÓN Uruguay
Lunes 3 de julio del 2026
La decisión del Poder Ejecutivo de gravar con IMESI a parte de los vehículos eléctricos e híbridos desde el 1° de enero de 2027 generó una dura reacción de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), que cuestionó tanto el contenido de la medida como la forma en que fue adoptada.
El gerente de la gremial, Ignacio Paz, aseguró que las empresas fueron sorprendidas por la publicación del decreto, pese a que durante varias semanas participaron de reuniones técnicas con el Ministerio de Economía para analizar posibles modificaciones al régimen tributario.
ACAU se enteró por la prensa
"Participamos del proceso y estamos descontentos. Nos enteramos por la prensa", afirmó Paz, quien señaló que las autoridades se habían comprometido a presentar el texto definitivo antes de su firma, algo que finalmente no ocurrió.
Según explicó, ACAU realizó tres planteos concretos al gobierno. El primero fue postergar un año la entrada en vigencia del impuesto, debido a que existen vehículos ya encargados a fábrica cuyos plazos de producción y transporte superan los doce meses.
Calculo sobre el valor FOB
El segundo consistía en que las franjas del impuesto se calcularan sobre el valor FOB y no sobre el valor CIF, ya que este último incorpora el costo del flete, un componente que ha mostrado una fuerte volatilidad internacional y que puede modificar artificialmente la categoría tributaria de un mismo vehículo.
La tercera observación apuntó al concepto de "alta gama" utilizado por el gobierno para justificar el cambio. Paz sostuvo que un vehículo con un valor de importación de US$ 19.000 —que termina costando al público alrededor de US$ 29.000— no puede considerarse un automóvil de alta gama.
Para ACAU, la medida no impedirá el crecimiento de la movilidad eléctrica, pero sí desacelerará su desarrollo en Uruguay. La gremial entiende que el país venía construyendo desde hace más de una década una política de Estado orientada a la descarbonización del transporte y considera que el nuevo esquema tributario modifica ese rumbo.
Objetivo recaudatorio
Paz también cuestionó el argumento oficial de que el impuesto no tiene un objetivo recaudatorio. Recordó que el propio gobierno explicó que la recaudación prevista contribuirá a financiar parte del incremento del gasto contemplado en la Rendición de Cuentas.
"Lo dicen ellos, no yo", afirmó el dirigente, al señalar que el componente energético quedó relegado frente al objetivo fiscal.
En paralelo, reveló que una empresa multinacional decidió suspender una inversión prevista en Uruguay tras conocerse el decreto, aunque evitó identificarla públicamente. "Ayer escuché a un empresario que dijo: nos mandaron a frenar una inversión", sostuvo.
Pese al malestar, ACAU reconoce que las posibilidades de revertir la medida son escasas. Consultado sobre un eventual cambio de posición del gobierno, Paz fue categórico: "El muerto ya está en el cajón. Ya es un hecho consumado"