Los cinco senadores colorados ofrecieron liberar al Poder Ejecutivo aplicar rebaja de IMESI a las gasolinas en cualquier parte del país
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Por LA ESTACIÓN Uruguay
Mientras el gobierno enfrenta crecientes reclamos por el precio de los combustibles, un dato que pasó prácticamente inadvertido durante la discusión parlamentaria de marzo cobra hoy especial relevancia.
Los cinco senadores del Partido Colorado —Pedro Bordaberry, Tabaré Viera, Gustavo Zubía, Andrés Ojeda y Robert Silva— acompañaron una propuesta destinada a otorgar al Poder Ejecutivo una herramienta para reducir el IMESI más allá de las zonas de frontera, sin necesidad de volver al Parlamento para cada caso particular.
La iniciativa surgió durante el tratamiento del proyecto que finalmente extendió el descuento del IMESI a los combustibles en localidades ubicadas hasta 60 kilómetros de los pasos de frontera terrestre. Sin embargo, el planteo impulsado desde filas coloradas iba un paso más allá: facultar al gobierno a actuar en cualquier punto del territorio nacional cuando existieran razones vinculadas a la competitividad, el empleo o la actividad productiva.
Sin una ley por cada situación
La lógica detrás de la propuesta era sencilla. En lugar de que el Parlamento debiera aprobar una nueva ley cada vez que surgiera una situación particular, sería el propio Poder Ejecutivo quien evaluaría las circunstancias y resolvería la aplicación de eventuales rebajas tributarias.
El aditivo no prosperó por falta de apoyo de la bancada oficialista, por lo que la norma aprobada mantuvo el alcance territorial vinculado exclusivamente a las zonas de frontera.
Herramienta flexible
No obstante, el antecedente político quedó instalado. Los cinco senadores colorados dejaron en claro su disposición a brindar al gobierno una herramienta más amplia y flexible para actuar sobre el IMESI cuando determinadas regiones del país enfrentaran problemas de competitividad derivados de los costos de los combustibles.
En momentos en que diversos sectores productivos vuelven a reclamar medidas para aliviar costos, aquella votación adquiere una nueva dimensión y reabre el debate sobre hasta dónde debería llegar la capacidad del Poder Ejecutivo para intervenir en el precio final de los combustibles sin necesidad de recorrer nuevamente el camino legislativo
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