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POR LA ESTACIÓN Uruguay
Jueves 27 de agosto de 2026
La Rendición de Cuentas culminó su tratamiento en la Cámara de Diputados y ya ingresó al Senado, donde deberá atravesar una nueva instancia de discusión antes de quedar definitivamente sancionada.
El proyecto avanzó bajo una premisa que el Poder Ejecutivo había trazado desde el comienzo: administrar un margen fiscal reducido, contener el crecimiento del gasto y concentrar los recursos disponibles en determinadas prioridades sociales y de seguridad.
Pero mientras el Parlamento discutía cómo distribuir esos recursos, otro frente comenzó a ejercer presión sobre las cuentas públicas: el precio de los combustibles.
Orsi “no aumentar”
Fue el propio presidente Yamandú Orsi quien, durante el Consejo de Ministros celebrado a fines de mayo, anticipó la dificultad que enfrentaría el Gobierno.
“Se desea no aumentar, pero la realidad mundial está marcando cosas distintas”, afirmó entonces, en referencia al encarecimiento del petróleo y a la exposición de Uruguay como país importador.
La declaración no formó parte del proyecto de Rendición de Cuentas, pero adquiere ahora un significado particular. Desde abril, el Ejecutivo viene trasladando solo parcialmente las variaciones internacionales y utilizando la capacidad financiera de ANCAP para amortiguar su impacto sobre consumidores y sectores productivos.
Después de varios ajustes, el Gobierno resolvió mantener congelados los precios durante julio y agosto, pese a que los valores de referencia continuaban mostrando presiones al alza. Actualmente, la nafta Súper 95 cuesta $88,67 por litro, el gasoil 50S $58,68 y el supergás $93,56 por kilogramo. La decisión oficial para agosto mantuvo esos valores sin cambios.
Diferencia absorbida
La estrategia permitió evitar un nuevo golpe sobre la inflación, el transporte y la producción, especialmente en el caso del gasoil. Sin embargo, también abrió una brecha entre los precios de referencia y los valores efectivamente cobrados en el mercado interno.
Esa diferencia no desaparece: queda absorbida transitoriamente dentro del sistema y puede terminar reflejándose en los resultados de ANCAP, en menores transferencias al Estado o en ajustes posteriores.
Allí aparece la conexión política con la Rendición de Cuentas. Mientras el Gobierno reclama prudencia para asignar nuevos recursos, también debe resolver cuánto margen está dispuesto a utilizar para contener los combustibles.
Uruguay no controla el precio del combustible
La definición correspondiente a setiembre será, por lo tanto, algo más que una decisión tarifaria. Mostrará hasta dónde puede sostenerse la estrategia de amortiguación sin comprometer la situación financiera de ANCAP ni trasladar de golpe al surtidor la diferencia acumulada.
La frase pronunciada por Orsi en mayo vuelve así al centro de la escena. El deseo de no aumentar permanece, pero también continúa vigente la segunda parte de su advertencia: Uruguay no controla el precio internacional del petróleo.
Con la Rendición encaminada en el Parlamento y una nueva decisión sobre los combustibles en puerta, el Gobierno deberá demostrar cómo combina las dos consignas que ha defendido hasta ahora: cuidar las cuentas y proteger el bolsillo.
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