Por LA ESTACIÓN, Uruguay (Fuente ENERGÍA 360)

Miércoles 9 de setiembre de 2026

El Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum y anunció sanciones más rápidas y amplias contra empresas, accionistas, directivos y proveedores vinculados con el proyecto offshore Sea Lion. La explotación prevé comenzar a producir en 2028.

El avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas abrió una nueva etapa en el conflicto entre Argentina y el Reino Unido. El Gobierno de Javier Milei decidió llevar la controversia más allá del terreno diplomático y avanzar sobre las empresas, sus directivos y toda la cadena internacional de proveedores que participe en el desarrollo offshore.

La Cancillería argentina presentó este martes una denuncia penal contra la petrolera israelí Navitas Petroleum, sus filiales y ejecutivos por desarrollar actividades hidrocarburíferas en el área sin autorización de Buenos Aires. La compañía posee el 65% de Sea Lion y actúa como operadora, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante.

Sancionan que proyectos malvinenses puedan desarrollarse en territorio argentino

La acción judicial se suma a las medidas anunciadas días atrás por Milei para acelerar los procedimientos sancionatorios establecidos en la Ley 26.659. El objetivo declarado es impedir que empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos petroleros desarrollados en Malvinas puedan operar simultáneamente en territorio argentino.

“No se pueden hacer las dos cosas”, advirtió el presidente, al plantear que las compañías deberán elegir entre participar en emprendimientos autorizados por la administración de las islas o mantener actividades e inversiones en Argentina.

El riesgo se extiende a los proveedores

La principal novedad no está únicamente en el endurecimiento contra Navitas y Rockhopper, que ya fueron sancionadas e inhabilitadas para operar en Argentina durante 20 años. El nuevo esquema pretende extender las consecuencias legales hacia accionistas, directores, entidades financieras, aseguradoras, contratistas y empresas prestadoras de servicios.

El Gobierno anunció que fortalecerá los mecanismos de detección temprana y el intercambio de información para identificar a todos los actores vinculados con las operaciones. La Cancillería ya habría remitido unas 180 notas de advertencia a empresas y gobiernos de 29 países.

El Ejecutivo también enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar el régimen vigente. La iniciativa buscará que los proveedores de proyectos no autorizados reciban las mismas sanciones que las compañías operadoras y que los infractores queden impedidos de contratar con empresas públicas y privadas dentro de Argentina.

Proveedores deberán elegir o Malvinas o Vaca Muerta

La ampliación del alcance representa un riesgo concreto para la industria internacional de servicios petroleros. Sea Lion necesitará ingeniería, perforación, equipamiento submarino, transporte, seguros, financiamiento y logística. Varias de las compañías capaces de prestar esos servicios también mantienen negocios o pretenden participar en el desarrollo de Vaca Muerta y en otros proyectos energéticos argentinos.

La advertencia de Buenos Aires pretende colocar a esos proveedores ante una disyuntiva comercial: incorporarse al primer gran desarrollo petrolero de Malvinas o conservar el acceso a uno de los principales mercados de hidrocarburos de América Latina.

Un proyecto de US$2.200 millones

Sea Lion está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y contempla una inversión aproximada de US$2.200 millones. Navitas y Rockhopper adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión y proyectan obtener el primer petróleo en 2028.

La primera fase prevé recuperar aproximadamente 170 millones de barriles y alcanzar una producción cercana a los 50.000 barriles diarios. El crudo será procesado y almacenado mediante una unidad flotante, desde la cual se transferirá a buques tanque para su exportación.

Aunque Milei advirtió que las compañías podrían adquirir en los próximos meses la capacidad material necesaria para avanzar sobre las reservas, el comienzo de la producción comercial continúa previsto para 2028.

Las empresas sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por la administración de las islas y con el respaldo del Reino Unido. Argentina, por el contrario, no reconoce la jurisdicción británica para autorizar actividades sobre los recursos naturales del área y considera ilegales esas operaciones.

El Reino Unido respondió reafirmando su posición sobre la soberanía de las islas y su compromiso con sus habitantes, mientras la controversia vuelve a adquirir repercusión internacional.

Petróleo para financiar a las islas

La dimensión económica explica buena parte de la preocupación argentina. Distintas proyecciones estiman que Sea Lion podría generar entre US$2.850 millones y US$8.800 millones para la administración isleña mediante regalías e impuestos durante la vida del yacimiento.

Para una población inferior a 4.000 habitantes, esos ingresos tendrían capacidad para transformar la estructura económica del archipiélago, financiar infraestructura y servicios y reducir su dependencia de otras actividades, especialmente la pesca.

El proyecto no solamente convertiría a las islas en productoras de petróleo. También les proporcionaría una fuente de ingresos sostenida durante varias décadas, fortaleciendo su capacidad financiera y agregando una nueva dimensión al conflicto de soberanía.

Petróleo de Malvinas “asunto de seguridad nacional”

Por esa razón, Milei decidió definir la explotación de los recursos de Malvinas como un asunto de seguridad nacional. El Gobierno anunció además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la ampliación de recursos para avanzar en una base naval integrada en Tierra del Fuego, destinada a reforzar la presencia argentina y la capacidad logística sobre el Atlántico Sur.

El conflicto deja así de estar concentrado exclusivamente en Navitas y Rockhopper. La estrategia argentina apunta ahora a rodear económicamente a Sea Lion, elevar sus riesgos legales y obligar a cada proveedor internacional a evaluar cuánto puede costarle participar en el proyecto.

El petróleo todavía no comenzó a fluir, pero la batalla por los contratos, el financiamiento y los servicios ya está en marcha.