Por LA ESTACIÓN Uruguay

Lunes 14 de setiembre de 2026

La reciente inauguración de la Electrolinera Malvín confirmó que UTE no pretende limitarse a suministrar la energía y desarrollar la infraestructura eléctrica que requiere la nueva movilidad. La empresa pública decidió avanzar también sobre la comercialización directa de las recargas, mediante estaciones propias instaladas por fuera del circuito tradicional de las estaciones de servicio.

La decisión abre un debate que Uruguay deberá afrontar cuanto antes. UTE es, al mismo tiempo, la empresa que tiene el monopolio de la electricidad, lleva la potencia hasta los establecimientos, determina los cargos que deben afrontar los privados y compite con ellos vendiendo directamente al consumidor final. La diferencia de poder entre ambas partes resulta evidente.

531 puntos de carga
La Electrolinera Malvín, ubicada en Valencia 1795, dispone de ocho puntos de carga rápida con conectores CCS2 y una potencia de 60 kilovatios por punto. Los equipos pueden alcanzar hasta 120 kW, funcionan durante las 24 horas y demandaron una inversión aproximada de US$ 230.000.

UTE informó que su red ya cuenta con 531 puntos activos en los 19 departamentos y 180 localidades. La empresa prevé incorporar alrededor de 300 durante este año y alcanzar los 1.000 en 2027. Actualmente circulan en Uruguay unos 35.000 vehículos eléctricos y las ventas acumuladas durante 2026 superaron las 15.000 unidades.

Posición dominante de UTE

La expansión de la infraestructura es necesaria para acompañar ese crecimiento. Lo discutible es que UTE utilice su posición dominante en el sistema eléctrico para desarrollar una red comercial propia, mientras los operadores privados enfrentan costos que prácticamente los excluyen del negocio.

José Carlos López, operador de una estación de servicio del sello DISA,  relató a LA ESTACIÓN que solicitó a UTE una cotización para instalar un cargador de 120 kW con dos posiciones. Según explicó, llevar la potencia requerida hasta el establecimiento demandaba aproximadamente US$ 45.000. A eso debía agregar un cargo fijo mensual cercano a los $78.000 más IVA, antes de vender una sola carga.

El problema no termina ahí. De acuerdo con el planteo del operador, UTE le vendería la energía a un precio similar al que aplica al público en sus propios cargadores. La estación tendría entonces que agregar al costo de la electricidad la amortización de la inversión, el cargo por potencia, el mantenimiento y un margen comercial.

“¿Quién vendría a cargar a mi estación?”

Fue la pregunta que se hizo López. La respuesta surge del propio esquema: difícilmente un usuario elija pagar más por una recarga que UTE ofrece directamente a menor precio. El privado compra la electricidad a la empresa pública y luego debe competir contra esa misma empresa en el mercado final. No se trata de una competencia en igualdad de condiciones.

UTE informa que los operadores privados pueden acceder a exoneraciones de tasas de conexión, un suministro exclusivo, una modalidad de tarifa de gran consumidor con menores exigencias de potencia, incorporación a la aplicación UTE Mueve y bonificaciones sobre el cargo por potencia contratada. Sin embargo, la experiencia relatada por los estacioneros indica que esos instrumentos todavía no construyen un negocio económicamente viable.

Cederle un espacio a UTE

El modelo que resulta más accesible para una estación no consiste en invertir y operar su propio cargador, sino en cederle el espacio a UTE para que la empresa pública instale y explote el equipo. De esa manera, el estacionero deja de ser un operador energético y pasa a convertirse en propietario del lugar físico donde UTE desarrolla su negocio.

Esa política permite a la empresa pública ampliar su red utilizando predios privados, pero no necesariamente crea un verdadero mercado de operadores independientes. La pregunta es si UTE busca promover la participación privada o conservar bajo su control la comercialización de la nueva energía utilizada por el transporte.

Vandalismo en estaciones de carga de UTE

Las estaciones de servicio tienen argumentos adicionales para reclamar un lugar central en la transición. Pablo López, operador de una estación AXION, advierte que las electrolineras de autoservicio sin personal permanente quedan más expuestas a roturas, vandalismo y robo de cables. Cuando los equipos se encuentran dentro de una estación, existe vigilancia continua y el propio operador procura que cualquier falla sea informada y atendida rápidamente.

“En las estaciones de servicio los equipos están cuidados y baja el vandalismo. Si se rompe un cargador, el propio estacionero se ocupa de avisar a UTE porque, aunque el negocio sea pequeño, quiere cuidar su imagen”, señaló.

También existe una diferencia en la atención. Ante una dificultad con el conector, la aplicación o el proceso de carga, el conductor puede recurrir a un trabajador. Durante la espera dispone además de baños, cafetería, tienda, wifi, gastronomía y otros servicios. Esa infraestructura ya existe, funciona las 24 horas y fue financiada por operadores privados.

“UTE no sigue patrones de electromovilidad”

 A su tiempo, el expresidente de ANCAP Alejandro Stipanicic resumió otra faceta del problema al advertir que “UTE sigue invirtiendo sin seguir los patrones de la movilidad”. La observación cuestiona una expansión diseñada desde la lógica del sistema eléctrico y no necesariamente desde el funcionamiento del transporte, las rutas y los servicios que requieren los conductores.

Para los estacioneros, la discusión ya tiene consecuencias económicas. La expansión del vehículo eléctrico reduce progresivamente la venta de naftas y gasoil. Algunos operadores aseguran que en determinadas zonas la caída del consumo alcanza al 20%.

La brecha tributaria entre la electricidad y los combustibles fósiles, junto con los elevados precios internacionales del petróleo, acelera el cambio. Las estaciones ven disminuir su negocio tradicional, pero cuando intentan ingresar al nuevo mercado encuentran como principal competidor a la misma empresa que les suministra la energía y les cobra por disponer de la potencia necesaria.

UTE debe garantizar el suministro sin desplazar privados

UTE tiene un papel indiscutible en la transformación: debe garantizar el suministro, extender las redes y evitar que existan zonas sin cobertura. Pero ese cometido no obliga necesariamente a desplazar a los privados de la comercialización final ni a construir una red paralela donde ya existen estaciones capaces de prestar el servicio.

Una política equilibrada debería separar con mayor claridad los papeles. UTE puede aportar la energía y la infraestructura, mientras las estaciones invierten, atienden al usuario y compiten por la prestación del servicio. Para que eso ocurra, necesitan una tarifa mayorista, cargos de potencia compatibles con la etapa inicial del mercado y reglas que les permitan competir con quien controla el suministro.

La discusión es la competencia

La discusión no es entre movilidad eléctrica y combustibles fósiles, ni entre una empresa pública y los estacioneros. Es una discusión sobre competencia. Si UTE aprovecha su posición en el mercado eléctrico para convertirse también en el principal vendedor minorista de recargas, los operadores privados quedarán relegados antes de que el negocio pueda desarrollarse.

La Electrolinera Malvín muestra que UTE aceleró su estrategia. Ahora corresponde preguntarse si el objetivo es construir una red nacional abierta a distintos operadores o trasladar al transporte eléctrico el control que la empresa pública ya ejerce sobre el suministro de energía.

Mientras esa definición no cambie, las estaciones de servicio seguirán contemplando desde afuera una transición que afecta directamente su actividad y que, paradójicamente, debería tenerlas como protagonistas.